La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona ha presentado alegaciones contra el recargo del 50% del IBI a los pisos vacíos anunciado recientemente por el gobierno municipal (ERC-Comuns). En el documento, al que ha tenido acceso el Diari, el presidente del ente cameral –Agustí Pujol– muestra su «disconformidad» ante una medida que califica como de «injusta», ya que «no logrará mejorar el mercado de pisos en alquiler».
En su escrito, la entidad reconoce que es «necesario» aplicar medidas para mejorar el mercado del alquiler, pero pone de relieve que «hay otras formas de actuar» para potenciarlo. En este sentido, Pujol recalca en el documento entrado a registro del Ayuntamiento que las causas por tener una vivienda desocupada «pueden ser múltiples y variables», pero enfatiza que la ordenanza municipal «ha de poder ser flexible e interpretable según cada caso», y no generalizar el encarecimiento del 50% que se empezará a aplicar el próximo 1 de enero, según aprobó recientemente el pleno municipal de la Plaça de la Font.
«No será ningún incentivo»
En la alegación, el presidente de la Cambra expone que el recargo «no será ningún incentivo», ya que «ningún propietario quiere tener un piso vacío», sino que lo que busca es la «seguridad jurídica» para que el alquiler «se pueda pagar de acuerdo con las características del piso y la capacidad económica del arrendador».
Según Pujol, la medida «no debería aplicarse a los pequeños propietarios privados», ya que estos «son la gran mayoría de las viviendas en alquiler», y recuerda que estos «han realizado un gran esfuerzo por invertir, pagando sus correspondientes impuestos para adquirir su propiedad».
Por todo ello, desde la Cambra se propone que «en vez de sancionar y castigar a los propietarios de una vivienda desocupada, se podrían plantear una serie de bonificaciones e incentivos para aquellos propietarios que acrediten un esfuerzo económico y una inversión en sus viviendas».
En este sentido, la Cambra pone sobre la mesa la aplicación de bonificaciones fiscales «para aquellos pisos que se pongan a disposición del alquiler social», mientras que también plantea ayudas para la rehabilitación para que las viviendas «tengan unas mínimas condiciones de habitabilidad».
Agustí Pujol también plantea «ayudas económicas o técnicas» para la expedición de cédulas de habitabilidad». Asimismo, desde la Cambra se insta al Ayuntamiento a «incrementar el presupuesto municipal dedicado a las ayudas al alquiler social», y apostar «por la mejora de la seguridad jurídica de los propietarios».
