Liberación, satisfacción y también cautela y hasta desconfianza. Son los sentimientos que abundan entre los tarraconenses susceptibles de ser amnistiados por la nueva ley. Ellos son los amnistiables del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, personas encausadas en algún momento de los años del Procés y en algunos casos sentenciadas y condenadas a los que la nueva legislación liberará.
«Estoy a la expectativa para ver cómo acaba cuajando todo. La aplicación la tendrán que hacer cada uno de los jueces en los expedientes y teniendo en cuenta todo el rechazo que puede haber, habrá que estar atentos», admite Josep Caparrós, exalcalde de la Ràpita.
De los 712 alcaldes catalanes que Fiscalía dijo que investigaría por la organización del 1-O, apenas quedan unos pocos con causas abiertas. «Solo imputaron a 78 y casi todos los casos están resueltos, pero yo sigo pendiente de fecha de juicio», admite Caparrós. Según relata, el exedil está pendiente de fecha de juicio por parte de la Audiencia Provincial de Tarragona. Abogacía del Estado le pide 15 años de inhabilitación por prevaricación. Por desobediencia le reclaman 16 meses. «Se supone que a partir de ahora no se debería marcar fecha de juicio sino de archivo, pero veremos, porque puede ser que no sea inmediato».
«Es una ley que hace justicia»
Caparrós se muestra satisfecho: «Es una ley que hace justicia. No puede ser que defender los derechos y las libertades de los ciudadanos esté penalizado. Defender la democracia no puede ser nunca delito». Caparrós, como otros acusados, esperan que este ‘perdón’ dé carpetazo al sufrimiento acumulado: «Llevo seis años imputado y con el expediente abierto, con trámites jurídicos por los que nadie quiere pasar pero en todo momento he sido consciente y tenido la tranquilidad de haber hecho lo que debía».
Josep Caparrós, de La Ràpita, es uno de los pocos alcaldes de 2017 con procesos abiertos
Para Caparrós, «la amnistía será una liberación y una satisfacción, porque es reconocer que hicimos lo que tocaba hacer en ese momento. Es una ley que demuestra la aplicación del ‘seny’. Estuvimos al lado de la democracia. Eso no puede ser delito».
«En general la amnistía pone las cosas en su lugar. Era realmente un insulto que esos comportamientos políticos hubieran sido penalizados. Permite hacer borrón y cuenta nueva, volver a comenzar, porque las opciones políticas no pueden ser penalizadas. Volvemos a la casilla de salida y estamos en igualdad de condiciones». Quien así habla es el reusense Joan Josep Nuet, hoy formando parte del Govern de ERC y otro de los amnistiables por la ley, aunque en su caso habiendo recibido ya una condena por desobediencia.
Una afectación moral
«Ya he cumplido. Estuve inhabilitado ocho meses, perdí el acta de diputado y pagué 13.000 euros», explica. Nuet reconoce sobre este perdón que «a la práctica no me afecta pero desde el punto de vista moral sí: quedé como culpable ante el Supremo y la amnistía declararía mi inocencia. He cumplido la pena y eso ya no me lo pueden revertir, pero la condena quedaría borrada y se eliminaría el hecho. No pido que me lo devuelvan pero sí es una victoria política que los hechos por los que me condenaron se declaren como que no eran objeto de delito».
Nuet fue condenado por un delito de desobediencia por permitir la tramitación de las leyes de desconexión cuando era miembro de la mesa del Parlament en 2017: «Defendí siempre que solo facilité un debate político y la condena fue un retraso democrático. Esos hechos no pueden ser perseguidos penalmente».
Para algunos afectados, la amnistía es insuficiente y piden progresos en la autodeterminación
Nuet sostiene que «esta nueva legislación viene a decir que las acciones eran políticamente criticables, pero en ningún caso delictiva. Viene a llenar un vacío moral y ético en la legislación española, que se había comportado de una forma no democrática». El político defiende que «se trata de una restitución moral» y añade: «No recuperaré el dinero ni el acta de diputado pero sí me siento satisfecho y liberado, es una sensación positiva y una cura de humildad en toda regla, un toque de atención que desautoriza una parte de lo que hizo el aparato judicial».
Causa antifascista
El periodista y politólogo de Valls Carles Herèdia está a la espera de juicio. La Fiscalía pide dos años de cárcel por atentado contra la autoridad con lesiones. Fue detenido por una manifestación antifascista en Valls. «Tengo dudas sobre cómo se acabará aplicando. Hay muchos pasos por delante, también para retrasar la ley y tampoco queda claro que afecte a todos los represaliados. Mi caso está ligado a una causa antifascista y queda una parte a interpretación de los jueces», indica.
Para Herèdia, «la amnistía te libera de un sufrimiento personal, para mí y para muchos compañeros en situaciones parecidas», pero no es algo suficiente: «No hemos luchado hasta aquí para una amnistía. No puede ser lo único. Tiene que haber más progresos ligados a la autodeterminación. La represión viene de una causa social y política que se tiene que solucionar. Y luego tenemos ese sentimiento de desconfianza, por que no llegue a toda la gente y porque el proceso se vaya a alargar. De momento tenemos que seguir defendiendo nuestros casos».
Otra persona susceptible de beneficiarse es el reusense Víctor Terradellas, investigado en la Operación Volhov contra empresarios y políticos independentistas por la supuesta financiación del Procés. Terradellas es muy escéptico con la aplicación de la norma: «El Estado no ha cumplido nunca y tampoco lo hará ahora. No sé si se llegará a aprobar la ley y luego queda la aplicación de los jueces. No le veo ningún recorrido. Cuando se ha llegado a un pacto nunca se ha cumplido». Este exmilitante de Junts cree que «siempre parece que se ha llegado muy lejos pero es solo de palabra, nadie acaba cumpliendo nada».