Juzgan cuatro jóvenes del Camp de Tarragona por su participación en las protestes postsentencia del Procés el octubre de 2019. Los encausados se enfrentan a penas de prisión de entre 12 y 18 meses por los delitos de desórdenes públicos, atentados contra la autoridad, daños y lesiones. Desde Alerta Solidària han asegurado que no se ha aportado ninguna prueba “concluyente” y que las acusaciones se basan en atestados “falsos” de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional. También han recordado que la “macrocausa” contra el independentismo sumó dieciocho causas, de las cuales catorce se archivaron. El juicio ha arrancado este lunes al juzgado penal número uno de Tarragona, donde unas cincuenta personas se han concentrado para apoyarlos.
Los cuatro jóvenes han entrado a los juzgados a las nueve y media de este lunes por la mañana entre gritos de ‘No estáis solos” y aplausos por parte de los participantes en la concentración convocada para apoyarlos. Todos ellos forman parte de los dieciocho investigados en la causa instruida por el Juzgado de Instrucción número seis de Tarragona, iniciada hace más de tres años a raíz de los disturbios y disturbios que hubo por la sentencia del 1-O. “Aquella noche -16 de octubre de 2019- hubo hasta catorce detenciones, una de ellas un menor de edad, todo esto se ha conformado en una macrocausa contra dieciocho personas, de estas catorce se archivaron”, ha subrayado Lluís Madurell, miembro de Alerta Solidaria.
Madurell ha explicado que los encausados protestaron de forma “pacifica” en las manifestaciones postsentencia y que no han cometido ninguno de los delitos por los cuales se los juzga. Él, que fue uno de los dieciocho encausados, ha denunciado la criminalización del movimiento independentista. «En mi caso se archivó, pero sigue para ellos, igual que por centenares de jóvenes que también se enfrentan a juicios y a peticiones totalmente desorbitadas, no solo para ser independentistas, sino para ser antifascistas y feministas; la represión es muy amplia y nos afecta a todos, solo nos queda continuar luchando y hacer frente a la represión», ha defendido.
A la vez, ha asegurado que no se ha aportado ninguna prueba “concluyente” y que las acusaciones se basan en los atestados policiales conjuntos de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, los cuales, dice, utilizan archivos de personas activistas para “reprimirlos”. “Esperamos su absolución, total y absoluta, y que se haga un toque de atención a todos los servicios de seguridad porque están llevando a cabo toda una campaña de criminalizar a la juventud movilizado y usan todo tipo de mecanismos, ya sea esta falsedad que nos encontremos en los atestados de asignar a personas que estaban en una manifestación una serie de delitos que no cometieron”, ha denunciado Madurell.