La empresa Iqoxe, que el 14 de enero de 2020 sufrió una explosión que acabó con la vida de tres personas, ha aportado ante la jueza –conjuntamente con dos de sus tres directivos acusados por tres delitos– una fianza de 10 millones de euros para hacer frente a la pieza separada de responsabilidad civil por el que ha sido el peor accidente de la historia del polígono petroquímico del entorno de Tarragona.
Según la documentación a la que ha tenido acceso el Diari, la representación legal de la compañía presentó el pasado 27 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona un escrito en el que incorpora una póliza de seguro «de hasta 10 millones de euros» de la compañía Chubb.
Ahora, las acusaciones solicitan a la magistrada que la acepte «para afianzar las responsabilidades civiles» tras el auto de apertura de juicio oral que publicó el pasado 10 de noviembre y en el que instaba a los tres máximos directivos de Iqoxe y a la propia firma al pago de una fianza que es el doble de la que se ha presentado: 20 millones de euros, que es lo que la jueza Sofía Beltran Miralles indica que «es la cuantía que se calcula para cubrir las responsabilidades civiles del accidente».
La póliza cubriría
la pieza separada de responsabilidad civil
por la explosión de 2020
la pieza separada de responsabilidad civil
por la explosión de 2020
«Efectivamente, se ha depositado, aunque el auto de la jueza está recurrido. Y las compañías de seguro han pagado con cifras superiores a los baremos en prácticamente todas las indemnizaciones», indican fuentes de Iqoxe consultadas por este periódico.
Instrucción cerrada
En el auto de hace un mes, de tres páginas, se especificaba que las personas acusadas en la fase de instrucción que la jueza quiere que sean juzgadas son tres: el director general, el director de planta y el director de seguridad y medio ambiente. Además, figura también como demandadas la propia empresa Iqoxe y su compañía aseguradora. Y como acusaciones particulares están la CUP, la Asociación Sociedad Humana, los Ayuntamientos de Tarragona y La Canonja –a pesar de que este aprobó por pleno municipal que se había retirado del proceso judicial–, la Federació Comarcal del Baix Camp de la CGT, Catalunya en Comú y Repsol Química, además de varios de los afectados por la explosión de hace casi cuatro años.
La jueza declaró en el auto del 10 de noviembre el cierre de su investigación, abriendo de esta forma la fase el juicio oral después de que las diferentes partes hayan presentado sus escritos, como la Fiscalía o el Ayuntamiento de Tarragona.
Los acusados, según la magistrada, se enfrentarán a estos cargos: un delito de estragos, tres delitos de homicidio imprudente, seis delitos de homicidios imprudentes, 13 delitos –tres de ellos leves– de lesiones imprudentes, un delito de daños imprudentes, un delito de funcionamiento habitual de la empresa en condiciones inadecuadas de seguridad y un delito contra el derecho de los trabajadores.
En el auto de apertura
de juicio oral del 10 de noviembre la jueza pedía una fianza de 20 millones
de juicio oral del 10 de noviembre la jueza pedía una fianza de 20 millones
Se trata de la pieza principal del caso de Iqoxe, que investiga el grado de responsabilidad de los investigados en la explosión de un reactor de óxido de etileno de la empresa química del polígono petroquímico de Tarragona, ubicada en el término municipal de la Canonja, el 14 de enero de 2020.
El siniestro causó la muerte de dos trabajadores y de un vecino del barrio de Torreforta, que sufrió el impacto de una de las estructuras metálicas salieron disparadas a raíz de explosión. Esta impactó en su domicilio, situado a unos 2,5 kilómetros de la factoría. pieza principal, también hay abiertas dos piezas separadas más para esclarecer las responsabilidades en materia medioambiental y cuestiones administrativas relacionadas con los reactores.
