Iqoxe niega que, a lo largo de los seis últimos años, haya seguido una «cultura de aumento de producción y reducción de costes», y desmiente que esto pueda haber afectado la seguridad de la plata que explotó el pasado 14 de enero y que acabó con la vida de tres personas: dos trabajadores de la fábrica y otra, vecino de Torreforta, que se encontraba a 2,5 kilómetros del polígono sur. Así lo asegura la empresa en un recurso que, según la Agència Catalana de Notícies (ACN), presentó el pasado 2 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, y que ayer fue ratificado en el Parlament de Catalunya por el director de producción de la firma, Ferran Cabré, durante su comparecencia telemática en la Comissió d’Estudi sobre la Seguretat del Sector de la Petroquímica.
A lo largo de la hora que duró la participación del alto cargo en el organismo de la cámara legislativa, el representante de Iqoxe remarcó que «desde 2014, se han invertido más de 30 millones de euros en materia de seguridad, mantenimiento y mejora» del equipamiento situado en La Canonja, afirmó ayer Cabré.
De hecho, en el recurso judicial Iqoxe sostiene que desde que CL Grupo Industrial adquirió la empresa en 2014 «ni se ha incrementado la producción ni se han reducido los costes». Sin embargo, señala que, en caso de que lo hubieran hecho, «una política de incremento de producción en una compañía mercantil industrial no es censurable».
Por lo que se refiere a la reducción de costes, la empresa reitera en el escrito la desacreditación de los testigos y los informes de los Mossos que justifican el auto de la juez del pasado 12 de junio, en el que la magistrada evidencia «un deficiente mantenimiento de las instalaciones», así como «el ejercicio de la actividad sin las condiciones de seguridad laboral e industrial exigibles». Por ello, la firma remarca que entre 2014 y 2019 se invirtieron 64 millones en «nuevos equipos y reposición», con la «mejor tecnología disponible» tanto en cuanto a la «producción como a la seguridad».
Solo el director de producción
Ferran Cabré, director de la planta de óxido de etileno desde 2013 y que –anteriormente– también se responsabilizó durante una década de la de derivados, fue ayer el único de los tres responsables de Iqoxe citados por la corporación del Parc de la Ciutadella que tomó parte del ente, un hecho que generó las críticas de las formaciones políticas. Los otros dos, el CEO de la Divisió Química del Grupo Industrial Cristian Lay –José Luis Morlanes– y el máximo accionista de Iqoxe –Ricardo Leal– justificaron su ausencia por el proceso judicial en el que están inmersos a raíz del accidente de hace 302 días. Cabré intentó que también compareciera el abogado y portavoz de la compañía, Javier Fontcuberta, un hecho que, como ya sucediera hace 15 días, la comisión rechazó, al entender que es una persona externa –pertenece al despacho Cuatrecasas–, que no tiene un conocimiento directo y técnico de lo sucedido.
Cabré recalcó que el 14 de enero la empresa «tenía en vigor un Pla d’Autoprotecció». Asimismo, el alto cargo aseguró ante los diputados que la firma «tenía todas las autorizaciones en regla» la noche de la explosión, y que solo un mes antes del accidente la planta «había pasado una inspección».
El director de producción avanzó que la compañía «está estudiando» el informe de la empresa DNV sobre las causas de la explosión –que apunta a problemas con la presión del nitrógeno, así como a un incendio–, y reivindicó el análisis del Institut Químic de Sarrià (IQS), que afirma que el accidente fue debido a causas «múltiples e imprevisibles». Cabré detalló que la firma no ha recibido «ninguna sanción» por los hechos del 14 de enero, y defendió que la Sala de Control del reactor que explotó «cumplía con todos los requisitos legales», pese a que en el informe encargado por el Govern se detallaba que «no era un lugar seguro para trabajar».
