Ya es oficial: Iqoxe y toda su cúpula directiva irán a juicio por la explosión que, el 14 de enero del 2020, provocó la muerte de tres personas e hirió a otras 16. Así lo determina la Audiencia Provincial de Tarragona en un auto firmado este pasado 26 de septiembre, en el que el máximo órgano judicial de la provincia rechaza el último recurso que podía presentar la empresa para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.
En la resolución, a la que ha tenido acceso el Diari, el tribunal formado por las magistradas Susana Calvo, María Espiau y María del Prado Escoda considera que «existen indicios de que Iqoxe habría infringido la normativa en materia de seguridad», citando que los fallecidos y los heridos serían una prueba «del peligro generado por el presunto incumplimiento en la actividad de la empresa».
Por ello, las juezas de la sección segunda de la Audiencia Provincial desestiman ahora la petición de la compañía para revocar el auto del 14 de junio del 2023, en el que la jueza del juzgado de instrucción número 1 –Sofía Beltrán Miralles– cerraba la fase de investigación de la causa principal y enviaba a juicio oral a la compañía y a los directivos José Luis Morlanes, Juan Manuel Rodríguez Prats y Gerard Adrio.
La empresa y su cúpula directiva también podrían ir juicio por las dos piezas separadas de la causa: la de la depuración de aguas y la de la puesta en marcha del reactor. En ambos casos la jueza ha dictado la apertura de juicio oral, si bien la empresa ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en sendas piezas, que todavía no han sido resueltos.
El alto tribunal de la provincia considera que «existen indicios de que Iqoxe habría infringido la normativa en materia de seguridad»
Por lo que se refiere a la investigación principal, la de la explosión, a magistrada imputa a la empresa un presunto delito de Estragos, mientras que para el director general, el responsable de seguridad y al director de planta el día del trágico accidente les achaca los posibles delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones, así como el de atentar contra los derechos de los trabajadores. Por ello, impuso una fianza de 20 millones de euros entre la empresa y los tres directivos.
Iqoxe pedía su «absolución»
A raíz de la decisión de la magistrada de enviar a juicio a la empresa y su cúpula directiva por la pieza principal del caso, Iqoxe presentó un contundente recurso de reforma en julio del año pasado, en el que acusaba a la magistrada de «no tener elementos de cargo» en su contra, por lo que pedía su «absolución». Asimismo, la defensa de la empresa criticó que el cierre de la instrucción «se hace con abstracción de las pruebas periciales, tomando solamente pruebas personales practicadas en el ámbito de la investigación policial, cuyos interrogatorios están plagados de defectos».
El recurso fue resuelto el 11 de octubre del año pasado por la jueza, que rechazó la alegación al reiterar que, de los informes policiales y pruebas practicadas, concluía la existencia de «indicios» de la posible comisión de delitos, a la vez que defendía que la instrucción se realizó «con todas las garantías procesales».
Finalmente, y como última vía para archivar el caso, Iqoxe acudió en apelación a la Audiencia. Sin embargo, el alto tribunal provincial confirma ahora, en su última resolución, el auto de la magistrada de instrucción. De esta forma, rechaza el recurso de la empresa, por lo que la juzgará en unas sesiones que, precisamente, se llevarán a cabo en el máximo organismo judicial de la provincia.
Fuentes de Iqoxe recalcan que es «habitual» que «estos recursos sean rechazados por la Audiencia», a la vez que se muestran esperanzadas de que «muchos aspectos de peso aportados por la empresa sean analizados y avalados durante la fase de juicio».