La Fiscalía cifra en ocho los procedimientos que se podrán beneficiar de la ley de amnistía en la provincia de Tarragona, tras publicarse la norma este martes en el BOE. Se trata de casos relacionados con delitos de atentados contra agentes de la autoridad o desobediencia enmarcados en las protestas y disturbios postsentencia o vinculados a la organización del referéndum. Concretamente, son tres casos en los juzgados de Tarragona, dos en los de Amposta, dos más en los de Reus y uno en los de Tortosa. La fiscal jefe de Tarragona, María José Osuna, ha apuntado que las peticiones para solicitar la aplicación de la amnistía crecerán a instancias de las defensas. También considera que los “límites -de la ley- son difusos, pero que se pueden interpretar adecuadamente”.
“Este primer listado es el de los casos seguros, pero eso no quiere decir que sean los únicos, ya que pueden surgir más”, afirma la fiscal jefe de Tarragona en una entrevista a la ACN. A modo de ejemplo, explica que se pueden encontrar otros procedimientos por delitos de desobediencia, que no tienen controlados, porque los investigados no se han presentado en los juzgados cuando se les ha citado o bien porque en otras situaciones puede haber personas condenadas que aún no han cumplido la pena impuesta.
“Hay tres casos en los juzgados de Tarragona que están con los escritos de conclusiones hechos, también tenemos calificados dos más en los de Amposta”, ejemplifica. Aunque asegura que es difícil encontrar causas que aún se estén investigando de los años 2017, 2018 y 2019, sostiene que no se pueden descartar.
Asimismo, Osuna explica que este mismo martes han solicitado la suspensión de un procedimiento pendiente de juzgar hasta que no tengan el informe pertinente de la fiscalía para determinar si se le puede aplicar la ley de amnistía. “El ambiente de crispación de 2017, podría haber motivado que hubiera un enfrentamiento vecinal por razones políticas y que uno de los investigados utilizara la bandera para golpear a otro”, subraya.
“Surgirán más peticiones a instancias de la defensa, creo que no todos serán subsumibles con la ley, quizás alguien tendrá la tentación de decir que aquello está relacionado cuando no lo estará”, argumenta. Con todo, ha considerado que la “gente usará esta posibilidad de manera seria”.
En cuanto a posibles causas de terrorismo, la fiscal jefe dice que no tienen constancia de ningún caso, al menos hasta este momento. Con todo, recuerda que no serían de su competencia, ya que es la Audiencia Nacional quien se encarga de ello. Además, por ahora, no les ha llegado ninguna petición para la aplicación de la norma.
“Instrucción muy sencilla y clara”
Según Osuna, las instrucciones de la fiscalía general para aplicar los mismos criterios a todos los procedimientos son “sencillas y claras”, exactamente igual que las “excepciones” para los casos más complicados. A pesar de ello, ha opinado que “algunas expresiones son muy amplias” y ha opinado que hay “límites algo difusos”. “Esto es lo que crea algo de inseguridad a los profesionales, esta crítica es la misma que hacen otros profesionales, eso no quiere decir que no se pueda interpretar adecuadamente”, sostiene.
“Tampoco quiere decir que el juez haga una interpretación más amplia que la nuestra, eso ha pasado muchas veces; si se consolida la jurisprudencia, nosotros aceptamos la interpretación que hace el tribunal”, asevera. Al mismo tiempo, ha hecho un llamado a los fiscales a seguir los parámetros marcados. “Lo más importante es que los fiscales se atengan a estas instrucciones y no vayan por su cuenta, normalmente no lo hacemos porque sabemos cuál es nuestra responsabilidad”, añade.
Además, valora positivamente que tengan el apoyo de otros profesionales en la elaboración de los informes y, en este mismo sentido, argumenta que el control por parte del fiscal jefe provincial, del fiscal superior y de la secretaría técnica es una garantía que dará “tranquilidad” a todas las partes.
