El grupo ecologista GEPEC-EdC se plantea presentarse como acusación particular en la causa por la desarticulación este martes de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de residuos urbanos procedentes de Italia.
En un comunicado, GEPEC-EdC ha mostrado su preocupación por "la incapacidad de la Agencia Catalana de Residuos, aduanas y el Seprona en el control para detectar estos casos".
Además, ha exigido responsabilidades administrativas y políticas y más transparencia en el control de la gestión de residuos para garantizar la protección del medioambiente y la salud de las personas.
La organización asegura, además, que en 2019 inició una investigación sobre la procedencia de los residuos vertidos en Riba-roja d'Ebre y Tivissa (Tarragona), y celebra que esta operación policial "demuestra que nuestras sospechas eran ciertas".
De hecho, fruto de sus investigaciones se produjo el documental 'Insostenible, rere la brossa' ('Insostenible, detrás de la basura'), que denuncia el negocio opaco y las graves implicaciones ambientales de la gestión de residuos.
La Guardia Civil desmanteló el martes una red internacional acusada de haber arrojado ilegalmente en vertederos de España más de 40.000 toneladas de residuos urbanos procedentes de Italia, algunos peligrosos y tóxicos, en una operación que se ha saldado con 22 personas detenidas e investigadas.
Los residuos eran transportados en camiones desde Italia, con documentación falsificada, y arrojados ilegalmente al vertedero, sin ningún tipo de tratamiento, pese que incluían restos peligrosos y tóxicos.
Desde el año 2021, se calcula que esta red se ha embolsado hasta 19 millones de euros que cobraban a las empresas de residuos italianas que les contrataban para deshacerse de las basuras.
En el marco de esta operación, han sido investigadas o detenidas una quincena de personas y siete empresas y se han practicado registros en las sedes de esas compañías en Lleida, Constantí y Riba-roja d'Ebre (Tarragona) y Almonacid del Marquesado (Cuenca), donde se ha intervenido material informático y muestras de los residuos trasladados.
Una de las empresas registradas es el Grupo Griñó, con sede en Lleida, que se ha puesto a disposición de las autoridades para "colaborar en todo lo que le sea requerido", según fuentes del grupo.