El Ayuntamiento de Tarragona aprobó ayer adjudicar el nuevo contrato de basura y la limpieza urbana a la empresa francesa GBI Paprec. Así lo avaló el pleno municipal con los 18 votos a favor de PSC, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, las 6 abstenciones de En Comú Podem y del PP y, por contra, los tres votos negativos de Vox.
El contrato, que no se renovaba desde el año 2002, se espera que pueda entrar en vigor antes de este próximo verano, una vez que a partir de este viernes, tras el aval del organismo municipal, las empresas licitadoras tienen un plazo de diez días para presentar recursos ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. A diferencia de los procesos ordinarios, sin embargo, estas posibles alegaciones ante el ente autonómico deberán ser resueltas «en un margen de dos o tres meses», ya que «hay fondos Next Generation implicados en el proyecto», según aseguró ayer la concejal de Neteja, Sonia Orts (PSC), quien paralelamente calificó el paso dado como de «histórico», después de que el proceso «hubiera quedado desierto en enero de 2023 y se anulara en mayo del mismo año».
Según la edil, se trata de una concesión «imprescindible, que mejorará el servicio» con acciones como el Pam a Pam, el Porta a Porta o el cierre de los contenedores en superficie, además de incorporar calles que, en el momento en el que se firmó el contrato en 2002 no existían.
233 millones de euros
GBI Paprec ha quedado en primera posición, por delante de Urbaser, FCC y Valoriza. La nueva concesión será para los diez próximos años, con un valor de 233 millones. Se trata del mayor contrato que tiene el Ayuntamiento.
De esta manera, la empresa francesa tomará el relevo de FCC, que ganó el anterior concurso hace más de dos décadas, todavía con Joan Miquel Nadal (CiU) en la alcaldía de la Plaça de la Font. En 2010, con Josep Fèlix Ballesteros (PSC) con la vara de mando, el consistorio decidió prorrogar la concesión sin concurso, debido a la inversión que debía hacer para adaptarse a las exigencias del programa para implantar la recogida selectiva. En 2019, el gabinete de Pau Ricomà (ERC) inició los trámites para sacar a concurso la contrata, que finalmente se ha firmado con Rubén Viñuales (PSC).
Durante el pleno, Vox solicitó que se retirara este punto del orden del día, alegando la «falta de imparcialidad de una técnica municipal». La propuesta no prosperó, ya que el resto de los grupos no la apoyaron. «Creemos en el buen trabajo de los técnicos», defendió el alcalde para rechazar la petición, que llega después de que la juez haya obligado al Ayuntamiento a devolver más de 200.000 euros a FCC, al considerar que los informes sancionadores no serían «imparciales» por el hecho de que los hizo una empleada municipal con pasado reciente en la empresa.
Finalmente, Jordi Fortuny (ERC) –que lideró el proceso en el anterior mandato– recalcó que la concesión «prioriza a los trabajadores sobre la oferta económica», enfatizando que 190 de los 200 puntos del concurso «se centran en las cuestiones técnicas». Finalmente, pues, la nueva concesión parece que empieza a volar... a la espera, esto sí, de que tenga que volver a tierra por los más que posibles recursos que se presentarán.
