FCC ha pedido al Tribunal Català de Contractació del Sector Públic anular la reciente licitación de la recogida de la basura y la limpieza viaria de la ciudad de Tarragona. La empresa gestora del servicio desde el año 2002, que en el concurso que recientemente ganó la compañía GBI Paprec quedó en tercer lugar, registró su recurso este pasado jueves, según ha podido contrastar el Diari.
En su alegación, la firma centra buena parte de su argumentación en la «falta de imparcialidad» de una técnica municipal que, entre 2013 y 2018, estuvo vinculada a la compañía, por lo que pide el reinicio del proceso porque considera que la licitación estaría «viciada».
La sociedad privada justifica su posicionamiento en las últimas resoluciones judiciales que han permitido a la firma recuperar más de 200.000 euros en sanciones que, desde 2019, le habían sido interpuestas con informes técnicos firmados por esta especialista de la Plaça de la Font.
En concreto, FCC indica en su escrito que, pese a llevar el servicio de la recogida de la basura y la limpieza desde la década de los sesenta del siglo pasado, la primera multa contra la calidad del servicio y el cumplimiento del contrato «no se tramitó hasta 2019», con la llegada de la técnica en cuestión.
FCC recalca que, a día de hoy, los casos contra las sanciones que han llegado al juzgado contencioso-administrativo se han resuelto a su favor porque los jueces estiman que en los informes administrativos realizados por la técnica municipal sobre las posibles irregularidades detectadas habría «la sospecha de falta de imparcialidad», ya que dicha especialista realizó los estudios menos de dos años después de haber trabajado en la compañía privada.
Por ello, el juzgado ha instado al consistorio a devolver primero una multa de 145.000 euros y, posteriormente, otra de 60.000 después de que el Ayuntamiento se «allanase» en el proceso o, lo que es lo mismo, desistiera ante el recurso de la empresa. El consistorio ha indicado recientemente al respecto que se han reabierto dichos expedientes, si bien esta vez han sido firmados por otro técnico.
En su recurso, ahora FCC solicita que se anule el reciente proceso administrativo y que se vuelva a iniciar, pero esta vez sin el concurso de la técnica en cuestión para «no viciar» la licitación.
En compás de espera
Este pasado mes de marzo, el pleno municipal aprobó la adjudicación del nuevo contrato –el mayor de la historia del Ayuntamiento de Tarragona– en favor de la empresa con mayoria de capital francés GBI Paprec, que comportará un coste global de 233 millones de euros hasta el año 2034.
La previsión municipal es que la nueva gestora de la concesión pueda empezar a ejecutar el servicio a partir de este verano, una vez que el tribunal hay resuelto el recurso presentado por FCC.
