Dicen que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Por ello, la reciente contratación del prestigioso abogado Ramon Setó –número 25 de la candidatura de ERC en las últimas elecciones municipales de 2019– para asumir la acusación del casi Inipro –por 14.000 euros y sin concurso público al ser un contrato menor– centró ayer la reunión telemática del Comitè d’Ètica, a instancias del PP.
En el encuentro, las formaciones acordaron con un amplio consenso que, a partir de ahora, en caso de contratar algún trabajo o servicio de algún miembro de alguna lista «se hará con más transparencia», consultando de manera no vinculante al comité, un hecho que en el caso de Setó no se hizo, si bien no se vulneró ninguna normativa. «No dudamos de la legalidad de la contratación, sino de que se ajuste al código ético al que nos comprometimos al inicio del mandato», afirmó ayer José Luis Martín (PP). En la misma linea se expresó Berni Álvarez (PSC), quien afirma que «nadie pone en duda la capacidad y competencia de Setó, sino que éticamente –y a nivel de imagen– se puedan evitar suspicacias, más si hay otros abogados de Tarragona que podrían hacerlo».
De hecho, según se indica en el informe elaborado por el Comitè d’Ètica, se justifica que la instructora del expediente resaltó que «se considera conveniente para los intereses municipales la adjudicación a un abogado externo, especialista en derecho penal, que cuente con la confianza de los órganos de gobierno».
«Feliz coincidencia»
El presidente del organismo municipal, Jordi Fortuny (ERC), manifestó ayer que «no hay ningún hecho reprobable» en la contratación, que se realizó «a instancias del compliance de las empresas municipales, que nos recomendó a Ramon Setó. Fue una feliz coincidencia que él formara parte de la lista», indicó Fortuny, quien reconoce, sin embargo, que «la estética es poliédrica, y a alguien puede no haberle gustado». Asimismo, el edil cargó contra el PP, afirmando: «precisamente ellos, que con Aznar regalaron la Telefónica a un compañero de pupitre, no son los mejor indicados para hablar de ética ni estética».
Setó, de hecho, cuenta con una dilatada experiencia. Ha sido contratado en varias ocasiones por miembros de ERC a lo largo de los últimos tiempos. Así, entre otros casos, se ha ocupado de la defensa legal del expresidente local de ERC en la ciudad de Tarragona –Sergi Albarrán– tras las lesiones que el dirigente republicano sufrió a raíz de las cargas policiales durante las votaciones del 1 de octubre de 2017 en la Plaça Imperial Tarraco. Setó, asimismo, también lleva la defensa del secretario general del Departament de Treball, Josep Ginesta, por los preparativos del referéndum de hace tres años.
«Deberían haber procedido con más transparencia. Tratándose de una persona que iba en las listas deberían haberlo expuesto previamente, explicando de forma clara las motivaciones que justifican la elección de esta persona, sobre todo, cuando hablamos de personar al Ayuntamiento en el caso Inipro. Era previsible que hubiera interés en generar polémica», afirmó Laia Estrada (CUP), quien pide «más transparencia para evitar estas suspicacias». De manera parecida se expresa Elvira Vidal (Junts), quien cree que «hay que seguir trabajando para mejorar los índices de transparencia y de buen gobierno del Ayuntamiento de Tarragona, es imprescindible poner en marcha actuaciones que se deberían haber ejecutado desde hace años como es el incremento y la creación de los órganos de participación».
«No soporto mi error»
Al final de la sesión, el PP solicitó al comité la inclusión en el orden del día de la reciente polémica por la presencia del concejal Xavier Puig en un banquete con 15 personas en una finca privada, un hecho que vulnera las restricciones de la Covid-19 y que le costó el puesto de portavoz municipal. El organismo realizará un informe al respecto. Ayer, sin embargo, el edil aseguró en Tarragona Ràdio que «no soporto mi propio error», y que entiende que su presencia en el evento «pueda haber hecho daño a mucha gente». Ética y estética...
