El gobierno municipal deberá negociar a fondo con los partidos de la oposición para acordar en menos de cuatro semanas un plan de choque que permita generar 14 millones de euros y evitar la «bancarrota» que teme el alcalde Rubén Viñuales (PSC) de cara al presupuesto de 2024.
Para ello, la medida estrella del catálogo de medidas enviado el pasado martes por el alcalde a las formaciones que no están en el ejecutivo de la Plaça de la Font –el incremento de un 20% del IBI– no convence a nadie y, de hecho, lo rechazan todos los partidos. Así, ERC lo calificó de «animalada», y En Comú Podem lo define como «abusiva». «De entrada, es una subida que nos asusta, es estratosférica», indicó la portavoz republicana, Maria Roig, en una entrevista en Tarragona Ràdio. La edil también criticó la posibilidad de suprimir abonos de la EMT, «cuando el PSC prometía el bus gratuito». Pese a ello, la portavoz independentista aseguró que su grupo «analizará la propuesta» y presentará una alternativa para «explorar» posibles vías de acuerdo porque «somos una oposición responsable».
También En Comú Podem se muestra abierto a negociar con el PSC, si bien dos son los puntos que vetan los progresistas: el primero, el 20% de la subida del IBI, así como la posible eliminación de abonos del transporte público. «La propuesta es una carga impositiva que no apunta a la redistribución de la riqueza ni a la transición ecológica», indica el portavoz Jordi Collado, quien apuesta por buscar fórmulas «alternativas» para encontrar ingresos. En la coalición de izquierdas tampoco ha gustado la voluntad por situar en el máximo legal el impuesto de construcciones, que subirá un 30%.
Los Comuns se reunieron ayer con el alcalde, con vistas a poder aproximar posturas de cara al pleno que se llevará a cabo este mismo mes, ya que para que los cambios fiscales puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero deben ser aprobados antes del 31 de octubre para ser publicadas el 3 de noviembre en el BOPT.
Viñuales carga contra el PP
Para poder tirar hacia adelante su plan, el gobierno local necesitará cinco votos, que saldrán entre los seis de ERC, los tres de Junts o los dos de En Comú Podem. Ayer, Junts per Catalunya evitó pronunciarse sobre el contenido de la propuesta redactada por el ejecutivo. En cambio, quienes sí que lo hicieron fueron Vox y el PP. Los primeros afirman que «en nuestro ADN está reducir todos los impuestos», mientras que el PP rechaza tajantemente «penalizar a los ciudadanos con más carga fiscal», según indicó la portavoz popular, Maria Mercè Martorell, quien apuesta por «no paralizar la actividad económica de la ciudad», sino por «congelar o bajar impuestos cuando sea posible».
Estas palabras de Martorell causaron un profundo malestar al alcalde Viñuales, quien acusa a los conservadores de ser «desleales a la ciudad» porque «saben que no hay otra opción» que «apretarse el cinturón». A juicio de Rubén Viñuales, el posicionamiento del PP es «decepcionante» y demuestra que «no están preparados para gobernar».
Ayer, durante una entrevista en Ràdio Ciutat de Tarragona, Viñuales apeló a la oposición a acordar un «plan de ciudad» y reconoció que la situación económica es «muy preocupante». Asimismo, detalló que, según los técnicos municipales, un incremento del 20% del IBI repercutirá «en 40 euros al año en una vivienda de un barrio y en unos cien en otra del centro de la ciudad».