El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mueve ficha con el contrato de la basura de Tarragona. Según ha podido saber el Diari, la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal catalán ha reclamado al Ayuntamiento que, en cinco días, le envíe «el expediente administrativo» de la licitación del contrato de la basura, valorado en más de 233 millones de euros, para que de esta forma «pueda ser visionado» por parte de los magistrados.
El TSJC firmó la diligencia de ordenación el pasado 17 de octubre, en una notificación que, posteriormente, fue entregada este pasado miércoles a las partes, que ahora tienen cinco días para presentar un recurso de reposición ante el propio tribunal. El Diari ha intentado conocer la opinión del consistorio al respecto, pero la administración municipal ha declinado realizar manifestaciones públicas al respecto.
El paso dado por la sección quinta del TSJC es especialmente significativo, ya que desbloquea, al fin, la parálisis que vivía el proceso desde hacía meses, tras el recurso presentado en verano por la ganadora del concurso público, GBI Paprec, que en junio fue excluida del proceso a raíz de una inesperada resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
«Variantes no permitidas»
En 2022, el Ayuntamiento inició los pasos para volver a sacar a concurso la gestión de la limpieza y la basura, después de hacerlo por última vez en el año 2002. Inicialmente, la licitación quedó desierta, pero en el segundo intento –en 2023– se presentaron cuatro ofertas, una de las cuales (Valoriza Romero Polo) quedó eliminada.
GBI Paprec se impuso con 166 puntos, por delante de las empresas Urbaser (156) y FCC (152). A raíz de la decisión de la mesa de contratación, el pasado 15 de marzo el Saló de Plens avaló adjudicar el mayor servicio municipal al gigante galo con los votos a favor de PSC, ERC y Junts, las abstenciones de PP y ECP y el voto en contra de Vox.
Ya en mayo, tanto Urbaser como FCC presentaron recursos ante el tribunal administrativo, un organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya. Los primeros solicitaron la exclusión de la ganadora, al considerar que su oferta contenía «variantes no permitidas en los pliegos de condiciones», mientras que la segunda pedía «anular» el concurso por la «animadversión» y la «falta de imparcialidad» de la Cap de Gestió de Serveis Públics del Ayuntamiento de Tarragona, Lidia Bartra, contra ellos.
Tirón de orejas a los funcionarios
Pocas semanas después explotó la bomba: el Tribunal Català de Contractes excluía del concurso a GBI Paprec a principios de junio, al estimar el recurso de Urbaser. El organismo administrativo dio la razón a la segunda clasificada por dos cuestiones que consideró que incumplía el pliego de condiciones del concurso.
La primera, porque GBI Paprec no contempló en su propuesta la puesta en marcha de un taller propio y exclusivo para el contrato de Tarragona para el mantenimiento y la reparación de la maquinaria. Asimismo, a juicio del tribunal la oferta tampoco cumplía con las exigencias para el tratamiento de la «vegetación extemporánea».
Además, también dio un tirón de orejas a los técnicos municipales, a quienes criticó que su «modo de operar» en el proceso de licitación «no se ajustó a derecho», al detectar incumplimientos por parte de las tres ofertas y no haber excluido a ninguna.
TGN en carriles opuestos
Posteriormente, el consistorio siguió adelante con el proceso para adjudicar el contrato, en un movimiento que, al mismo tiempo, iba por dos carriles en dirección opuesta. Por una parte, el pleno municipal aprobó el 21 de junio –con los votos a favor de PSC, Junts y los dos ediles tránsfugas ex de Vox y el ‘no’ de ERC, PP, En Comú Podem y Vox– «acatar» la resolución del tribunal administrativo que expulsaba a GBI Paprec del concurso, por lo que se solicitó a la segunda clasificada del concurso –Urbaser– que «avanzara» en la preparación de los papeles para adjudicarle el contrato en el pleno municipal ordinario del mes de julio.
Pese a ello, los juristas municipales avalaron que el organismo de la Plaça de la Font acordara presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), cuyo objetivo es anular la exclusión de la ganadora de la licitación, GBI Paprec. ¿La traducción de todo ello? Que mientras Tarragona avanzaba para dar la basura a Urbaser también pedía, de forma paralela, al alto tribunal catalán que anulara el dictamen del tribunal administrativo para que el gigante francés vuelva a ser la firma adjudicataria... en detrimento de Urbaser. Tarragona jugaba, pues, a dos bandas en el mismo caso.
A consecuencia del acuerdo de junio, los altos funcionarios municipales lo prepararon todo para que el Saló de Plens aprobara en julio adjudicar el contrato a Urbaser. Pese a ello, pocos días antes de la sesión, el TSJC aceptó a trámite un recurso de GBI Paprec en el que la firma pedía, como medida cautelar, que se suspendiera la adjudicación a Urbaser. Al tener constancia del recurso, los juristas municipales recomendaron retirar el punto del orden del día, por lo que no se adjudicó a Urbaser, a la espera de que el TSJC dictamine.
Paprec se distancia
A raíz del recurso de Paprec ante el TSJC, el pasado 17 de septiembre el Ayuntamiento solicitó al alto tribunal la «acumulación» del recurso que presentó en junio contra la exclusión de GBI Paprec a la petición que la propia empresa registró ante el alto tribunal.
Pese a ello, la firma gala ha pedido que «se desestime» la solicitud del Ayuntamiento, al entender que los dos recursos tienen objetos «esencialmente distintos». «El consistorio impugna únicamente la resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic», mientas que la compañía francesa pide, precisamente, «la anulación del acuerdo del pleno de junio», en el que el Ayuntamiento acataba el dictamen del tribunal administrativo. Una maraña judicial que todavía irá para largo.