El Trenet Turístic de Tarragona pende de un hilo. La empresa gestora del servicio ha solicitado al Ayuntamiento la rebaja del 75% del canon, a la vez que se abre a negociar la rescisión del contrato. El motivo son las pérdidas de 400.000 euros anuales que arrastra por la concesión que se firmó en 2021 y que en los ejercicios 2022 y 2023 ha generado unos números rojos de 800.000 euros
«La firma debe pagar lo que se acordó cuando ganó el concurso. TGN batió récord de turistas en 2022 y 2023»
Xavier Puig (ERC)
La firma empezó a operar en abril del 2022, tras ganar el concurso público que se inició antes de la covid. RJ Autocares presentó una oferta de 450.000 euros al año, una cifra muy superior a los 366.190 que ofertó la otra firma interesada: Medtrast-98 SL.
Antes de iniciar su estada en Tarragona, y tras haber pasado la pandemia de la covid y estar empezando la guerra en Ucrania, la firma presentó un informe económico pericial en el que solicitaba una rebaja temporal del canon del 86%, para situarlo en los 60.000 euros, la cifra en la que el negocio «sería viable», indican fuentes de la compañía. Además, al empezar en abril del 2022, la empresa reclama al consistorio que no le cobre «todo el año entero», sino que solo lo haga a partir del segundo trimestre. Así, se ahorraría 120.000 euros.
«TGN debe asegurar un servicio de calidad y atractivo, y que sea rentable también para las empresas operadoras»
Maria M. Martorell (PP)
Al existir esta discrepancia, tras un recurso administrativo presentado ante el propio Ayuntamiento, la empresa no ha pagado el canon desde que empezó a operar en la ciudad porque el expediente todavía está abierto, generando hasta finales del 2023 una deuda con el consistorio de 900.000 euros (450.000 al año).
Concesión hasta 2031
Precisamente, en el pleno de mañana, el pleno municipal dará carpetazo a la petición de rebaja solicitada por el operador, al entender que el canon estipulado en la concesión no se puede tocar. Asimismo, el organismo de la Plaça de la Font solicitará a la empresa que «liquide» los 900.000 euros que tiene pendiente por pagar.
La operadora firmó una concesión de 450.000 € al año que pide reducir a un máximo de 100.000
Precisamente, esta semana representantes de RJ Autocares se han reunido con el consistorio para intentar llegar a un acuerdo de forma paralela al expediente abierto. Fuentes consultadas por el Diari confirman que la empresa avalaría un aumento del canon a pagar hasta aproximadamente unos 100.000 euros, lo que supondría una rebaja del 78% respecto a los 450.000 anuales firmados hasta 2031.
«La empresa debe cumplir con el canon porque sino se sentaría un peligroso precedente»
Elvira Vidal
Junts per Catalunya
En caso contrario, la firma se abriría a negociar una rescisión de la concesión adjudicada hace tres años, ya que el negocio «no es rendible con los números actuales, tal y como se ha demostrado en los informes», afirman las fuentes consultadas.
Aval mayoritario a reclamar
El gobierno del PSC no quiso ayer valorar la situación. Sí que lo hicieron las formaciones de la oposición, que se alinean con el ejecutivo de la Plaça de la Font.
«Pediremos que se haga un informe para internalizar el servicio y lo asuma la EMT»
Jordi Collado
En Comú Podem
«La empresa debe pagar la cuantía a la que se comprometió cuando ganó el concurso. Un proceso en el que quedaba claro que todo iba a riesgo de la empresa, tanto en caso de ganancias como de pérdidas», indica el concejal de Esquerra Xavier Puig, quien añade que «la pandemia y la guerra de Ucrania no pueden ser excusa porque Tarragona batió récord de visitantes en 2022 y 2023, superando las cifras de antes de la covid».
Desde el PP, Maria Mercè Martorell se muestra más ambigua. «La externalización es positiva siempre que el Ayuntamiento asegure un servicio de calidad y atractivo, y que sea rentable también para las empresas operadoras. El Trenet es un servicio que contribuye al disfrute de nuestro patrimonio y, en definitiva, de Tarragona», afirma la edil popular.
Elvira Vidal (Junts) resalta que la empresa gestora «debe cumplir con el canon firmado, como dicen los informes de los técnicos municipales», ya que, de lo contrario, «podría sentarse un peligroso precedente».
Finalmente, Jordi Collado (ECP) –favorable a hacer pagar o a rescindir el contrato– va un poco más allá que el resto de formaciones y plantea que el Ayuntamiento asume directamente el servicio. «No tiene ningún sentido que un servicio de transporte que genera 300.000 euros en el municipio funcione con criterio de beneficio empresarial para un privado cuando tenemos una empresa municipal –la EMT– carente de personal e inversiones», indica.