El transporte público no ha conseguido desplazar la utilización del vehículo privado en nuestro territorio. Pese a que se ha hecho un esfuerzo importante para ampliar los servicios, el potencial de crecimiento es enorme. Hace unos días se conocían los datos de utilización del servicio de Cercanías. La media de viajeros de los convoyes es de 744 pasajeros al día, mientras que en el caso del autobús, el año pasado cerró con la cifra de 20,4 millones de viajeros, recuperando niveles de 2011.
La entrada en funcionamiento de los servicios Exprés y la política de precios que ha mantenido la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona ha hecho que en los dos últimos años hayan aumentado los usuarios, pero las críticas sobre la falta de efectividad del transporte público persisten. «Hoy porque tengo el coche en el taller, pero sino yo no cojo nunca el autobús. Es una odisea», argumenta Mario Rojas. Este tarraconense trabaja en el polígono industrial de Constantí. Para ir tiene que coger un autobús hasta esta localidad y allí hacer transbordo al vehículo que cubre la línea Reus-Camp de Tarragona, que para en la zona industrial.
El déficit en el servicio es otro de los handicaps con los que se encuentran las personas que quieren acceder a la estación del AVE Camp de Tarragona o al aeropuerto en autobús. Cambrils, a pesar de ser uno de los municipios de la costa que recibe más visitantes en verano, tiene unas comunicaciones que obligan a sus usuarios a pasar por un auténtico periplo. Fuera del periodo estival tan solo hay un autobús que sale a las 6.30 horas de la mañana hasta la estación del AVE.
Éste tarda ni más ni menos que 1 hora y 25 minutos en completar un circuito con nueve paradas que pasa por Vilafortuny, Vila-seca y Reus. Cuando los viajeros llegan a la estación, el primer tren de la mañana hacia Madrid ya ha salido, y dos minutos más tarde lo hace el siguiente, por lo que tendrán que esperar el tercero, llegando a la capital del Estado a las 11.10, pese a haberse subido en el autobús a las 6.30 de la mañana. En el periodo veraniego hay hasta nueve conexiones, aunque el trayecto llega a 1 hora y 40 minutos.
De Cambrils al aeropuerto tan sólo hay 17 kilómetros y, en cambio, el autobús realiza un recorrido que tarda 50 minutos. La concesión del servicio de transporte público por carretera lo gestionas las empresas Plana, Monbus e Hispano Igualadina, que cubren todas las líneas del Camp de Tarragona. Según la ley, tan solo estas compañías pueden prestar este servicio entre municipios. «El problema es que los buenos operadores municipales no pueden entrar a competir en el transporte interurbano, porque tienen las competencias unas empresas que se aprovechan de esta falsa barrera. Además vemos que muy a menudo estas empresas no dan suficiente información o que no tienen los vehículos suficientemente equipados», argumenta el representante de la Associació Per a la Promoció del Transport Públic (PTP) en el Camp de Tarragona, Daniel Pi.
Esto impide que los autobuses de la Empresa Municipal de Transport (EMT) de Tarragona puedan llegar a la estación del AVE Camp de Tarragona, como ha solicitado el Ayuntamiento o que Reus no pueda operar un servicio con Castellvell, entre otros ejemplos. Es una situación que en el área metropolitana de Barcelona no se da. «Allí lo público y lo privado coexisten y no hay falsas barreras. ¿Alguien se imagina que los autobuses de Barcelona no pudieran pasar a L’Hospitalet o que no pudieran llegar al aeropuerto?», dice Pi.
La presidenta de la EMT, Begoña Floria, asegura que «no podrá avanzarse hasta que acaben las concesiones privadas actuales de transporte, que finalizan en 2026, y que se produzca un cambio legislativo por parte del Parlament». Floria considera que es una situación que «nos obliga a plantearnos definitivamente la necesidad de avanzar hacia un área metropolitana del transporte».
En 2003 se constituyó definitivamente el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, que nacía con la finalidad de coordinar el sistema de transporte público de viajeros y derivó en la actual ATM. Su presupuesto en 2017 fue de 19,4 millones de euros, de los cuales 12,7 los aporta el Departament de Territori i Sostenibilitat y 882.073 los ayuntamientos. Su creación ha supuesto importantes avances en cuanto a la integración tarifaria, pero no se ha acabado de definir una única autoridad de transporte. Para el representante de la PTP «no se trata tanto de que sea público o privado el que lo gestione, sino de buscar la mejor combinación para garantizar el servicio. En cambio tenemos operadores que no hacen ni dejan hacer».