El servicio municipal de atención domiciliaria (SAD) enfrenta a los partidos políticos con representación al Ayuntamiento de Tarragona. Ayer se daba a conocer que dos grandes empresas constructoras optaban a gestionar el servicio, después de que la Xarxa Santa Tecla –entidad que lleva al frente del SAD desde 2008– hubiera decidido no presentarse al nuevo concurso al considerar que la oferta económica propuesta por el Consistorio no es suficiente.
Los dos gigantes empresariales son OHLA y Sacyr. Ambos cotizan en bolsa y forman parte del grupo de compañías constructoras más importantes del país, junto con ACS, Ferrovial, FCC y Acciona.
Las reacciones no se hicieron esperar entre los grupos municipales. El PSC critica la «incoherencia» del gobierno municipal por poner la gestión del SAD «en manos de dos grandes constructoras del IBEX35». El concejal socialista Mario Soler asegura que «las muestras de incongruencia de la CUP ya forman parte de la historia política de la ciudad». Cabe recordar que el contrato se lleva a cabo desde el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), presidido por la cupaire Inés Solé. Los socialistas insisten en que «la administración pública no puede permitir que estas grandes empresas empeoren las condiciones laborales de las trabajadoras».
La concejal de la CUP y presidenta del IMSST, Inés Solé, asegura que, cuando todavía no formaban parte del gobierno, la CUP pidió un estudio sobre la posibilidad de internalizar el servicio de atención domiciliaria y, «en sus conclusiones previas, nos alertaba de la imposibilidad de poder hacerlo, un hecho que se suma a la situación económica del Ayuntamiento».
Desde la CUP explican que «nuestra propuesta política pasa por llegar al final del nuevo contrato con una propuesta solvente que aleje este servicio básico de los intereses de grandes empresas». Solé añade que «nosotros no podemos limitar quien se presenta a las convocatorias, pero el pliego de condiciones cuenta con mejoras importantes de las condiciones laborales de los trabajadores». Además, según la formación cupaire, el contrato blinda la subrogación de las empleadas, «y haremos un seguimiento exhaustivo de la empresa ganadora».
Opiniones para todos los gustos
La concejal de En Comú Podem, Àngel Pérez, opina que las empresas que han presentado sus propuestas «son conocidas por su dinámica empresarial capitalista, donde prima la obtención de beneficio económico por delante de los derechos laborales», y añade que «lamentamos que no se haya explorado una forma de remunicipalizar este servicio». Pérez, finalmente, asegura que estos tipo de contratos «se podrían afrontar desde la vía colaborativa y cooperativa».
Por su lado, José Luis Martín, portavoz del PP, se centra en que el hecho de que la oferta económica sea insuficiente para la Xarxa Santa Tecla «demuestra la incapacidad del gobierno».
Lorena de la Fuente, número 1 de Ciutadans, quiere dejar claro que «es un concurso de libre concurrencia y que, por lo tanto, puede presentarse cualquier empresa que cumpla con los requisitos». De la Fuente reprocha a la CUP que «se contradiga, ya que su voluntad era internalizar el servicio».
El portavoz de ERC, Xavi Puig, insiste en que «el procedimiento para adjudicar este servicio todavía no ha finalizado», y que será la mesa de contratación quien decidirá si alguna de las empresas candidatas es «apta». Puig añade que «desde el Ayuntamiento no podemos decir qué empresas pueden concursar y cuáles no».
