El curso pasado estudiaban en el Camp de Tarragona 1.639 alumnos de 3 a 16 años con una «situación socioeconómica y/o cultural desfavorable» reconocida. La gran mayoría de ellos, el 73%, estudiaba en la escuela pública. En el caso de los alumnos extranjeros recién llegados la diferencia es aún más evidente: el 90% estudiaba en la pública y solo el 10% lo hacía en la concertada.
Se trata de una situación que se repite en el conjunto de Catalunya, así que, con el fin de hacer una distribución más equitativa de estos alumnos, el Departament d’Educació publicará en breve el ‘Decreto de la programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servei d’Educació de Catalunya’. Es la medida estrella del Pacte contra la Segregació Escolar.
Una de las cosas que cambiará con el decreto es la manera de detectar a estos alumnos. Jean Marc Segarra, director de los Serveis Territorials d’Educació, señala que, según las estimaciones que han realizado, con la nueva disposición podrán aflorar en torno a un 30% más de los alumnos con necesidades socioeconómicas, teniendo en cuenta también la crisis económica que está generando la pandemia. De hecho, explica, a un estudiante se le podrá reconocer la condición de alumno con necesidades especiales en cualquier momento del curso.
Abrir y cerrar plazas
Una de las claves del decreto es que dará potestad al Departament para asumir la organización y regulación de las plazas escolares tanto en la escuela pública como en la concertada.
El decreto traza un plan que se desplegará en cinco años, pero una de las medidas que se podrá aplicar en el curso 2021/22 será la limitación de las ratios profesor-alumno. Dichas ratios también podrán cerrarse una vez empezado el curso.
La situación actual es la pescadilla que se muerde la cola: hay centros con una alta concentración de alumnos en situación vulnerable. Esto provoca, en parte, que estos centros no sean los más demandados, por lo que siempre quedan plazas vacantes y a ellos va a parar, durante el curso, la matrícula viva, es decir, los alumnos (muchos inmigrantes) que llegan con las clases empezadas.
Del otro lado hay centros con alta demanda que siempre tienen las plazas llenas y que deben guardar un mínimo para alumnos con necesidades educativas especiales. Como dichas plazas no se llenan en la preinscripción, terminan apuntando en ellas a otros alumnos. Con el decreto, por ejemplo, estas plazas reservadas se pueden mantener por más tiempo, aunque la preinscripción haya terminado.
Preocupación en la concertada
Pablo Muñoz, director de la Escola Sant Pau e interlocutor de las escuelas concertadas de la ciudad, explica que el decreto preocupa a su sector porque deja en manos de Educació la decisión de dónde abrir y cerrar plazas y la bajada de la ratio les puede hacer perder alumnos, algo que complica la situación de un sector «que está infrafinanciado, tal como ha reconocido hasta el Síndic de Greuges».
Podría darse el caso, además, de que haya familias que quieran ir a estudiar a una determinada escuela y que no puedan hacerlo porque se han reducido las plazas.
Hay que tener en cuenta, además, que en la ciudad de Tarragona, casi la mitad de los alumnos de 3 a 16 años estudia en la concertada. En educación infantil son el 47%; en primaria, el 45%, y en la ESO, el 49%.
Explica Muñoz que con Segarra, delegado actual de Educació, hay una buena comunicación, «es una persona dialogante», pero de cara al futuro, el decreto deja la decisión del cierre de plazas y líneas, también en la concertada, en manos de quien sea delegado, «es un proceso unilateral».
Segarra, por su parte, señala que la intención en todo momento es que las decisiones se tomen de manera consensuada. «Pueden estar tranquilos», dice, y recuerda que pasan por el Consell Escolar Territorial, donde la concertada también está representada.
Mochila económica
Aunque lo que más ha trascendido del decreto es el hecho de que las escuelas concertadas tendrán una compensación económica, una ‘mochila’ de 998 euros anuales por cada alumno sin recursos que tengan matriculado. En el caso de la pública recibirán 641 euros para compensar la escolarización de estos alumnos, aunque su aplicación será progresiva los próximos años, y empezará con una aportación de 320 euros el próximo curso. El plan implica una inversión de 162 millones en cinco cursos.
En este sentido, Muñoz también lamenta que la compensación no sea para todas las escuelas que escolaricen a estos alumnos, sino solo para las que tengan al menos un 10% de este tipo de alumnado.
Cambiarán las zonas escolares
El decreto también obliga a las ciudades de más de 10.000 habitantes, como Tarragona, a establecer zonas escolares que eviten la segregación. Manel Castaño, concejal de educación, recuerda que en la ciudad ya se está trabajando un Observatori per l’equitat que es también el encargado de proponer el nuevo mapa escolar de la ciudad. En él participan representantes de la escuela pública, concertada, familias y grupos políticos, entre otros. Dicho mapa, asegura, deberá estar listo en junio, con lo que Tarragona cumpliría sin problemas con el plazo.
Una vez elaborado el mapa, la propuesta debe ser aprobada por el Departament d’Educació. Estaba previsto que el mapa se presentara hace unas semanas, pero se decidió posponerlo por falta de consenso. Cuando se pregunta a Castaño qué pasará si no se llega a un consenso, dice que no contempla esa posibilidad. «Hablamos de una decisión que tendrá bases científicas, no políticas ni de otro tipo», asegura.
Castaño celebra que el decreto de Educació viene a dar cobertura legal a cuestiones que hasta ahora solo eran recomendaciones, como el reparto de los alumnos.
Asegura, además, que el Ayuntamiento ya está trabajando en un plan tanto para los alumnos como para sus familias, para acompañar a los que, por criterios de equidad, deban ir a una escuela que no sea necesariamente la más cercana. La idea es ayudarles en el proceso y favorecer su integración.
Favorecer a la concertada
Desde el sindicato mayoritario de la educación no universitaria, USTEC, no están de acuerdo con el decreto porque, como asegura Juan Carlos Feijoo, portavoz en Tarragona, no hace más que perpetuar un modelo público privado que, señala, favorece a estos últimos.
En su opinión, la auténtica medida para luchar contra la segregación pasa por hacer un sistema íntegramente público con más dotación de docentes y personal de soporte.
En la misma línea opina la ’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya), que lamentó que el decreto se aprobara por un gobierno en funciones e insiste también en que no hace más que favorecer a la concertada.