El Iot tendrá nuevo inquilino por Santa Tecla. El emblemático espacio de la Platja Llarga, que está vacío desde el pasado 4 de noviembre, permanecerá cerrado durante todo el verano y no será hasta septiembre cuando la Generalitat de Catalunya prevé adjudicar el nuevo uso del recinto, según indican al Diari fuentes de la corporación autonómica, las cuales reconocen que el proceso administrativo se está llevando a cabo «con todas las garantías y cautelas posibles» ante los problemas aparecidos con las adjudicaciones de chiringuitos en varios municipios. Con este calendario, y teniendo en cuenta que será necesario hacer obras, lo más probable es que el futuro Iot no pueda abrir hasta 2023.
Tras tres años de lucha judicial con el que había sido el gestor desde 1986, finalmente fue el pasado otoño cuando la Generalitat logró desahuciar al propietario del antiguo Iot, quien entregó las llaves del 4 de noviembre tras una última resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) que daba la razón al Govern. A partir de entonces, y con el objetivo de tener el proceso cerrado para inicios de verano, la Generalitat inició los trámites para volver a dar vida –esta forma de manera regulada– al local, que cuenta con una superficie de 760 metros cuadrados en la primera planta del edificio: 258,93 de superficie contruida y 501,58 entre tres terrazas exteriores. Al final, sin embargo, el timing no se habrá podido cumplir.
Nueve ofertas
Nueve han sido las ofertas que se han presentado para gestionar el negocio durante la próxima década. De hecho, el pasado 12 de mayo se abrieron los sobres del proyecto de adaptación del local y de la explotación, mientras que el 26 del mismo mes llegó el turno de la oferta económica. Entre las condiciones que exige el Govern en el pliego de cláusulas, está el hecho de que el gestor deberá abonar un canon anual «mínimo» de 50.725 euros (4.227 al mes). Esta cantidad «es mejorable al alza en las ofertas que se presenten», se indican en las bases.
Entre los requisitos, la Generalitat especifica que, junto con la oferta económica y técnica, se valorarán «aspectos relacionados con la gestión ambiental del restaurante», y que «se tendrán en cuenta los criterios sociales de los proyectos, como la posibilidad de contratar a personas en paro, con discapacidad, o trabajadores de la misma localidad; medidas para garantizar la paridad de género y la conciliación familiar; la capacidad de generar puestos de trabajo indefinidos y de calidad; o el compromiso de contratar proveedores y empresas locales». Tras años de litigios, parece que al fin el Iot empieza a ver la luz al final del túnel.