El histórico Iot de la Platja Llarga seguirá abierto, como mínimo, hasta el 31 de agosto. Así lo aseguran al Diari fuentes de la propiedad y del Govern de la Generalitat, las cuales recalcan que el desahucio del negocio situado en la Platja Llarga sigue pendiente de la definitiva resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la última alegación presentada por parte del propietario. El caso se arrastra desde finales de 2018 pero, sin embargo, ahora ha quedado paralizado porque el mes de agosto no es hábil, por lo que la notificación oficial no llegará hasta el mes de septiembre. En consecuencia, el emplazamiento podrá tener actividad un mes más.
«No tenemos ninguna novedad, estamos a la espera de la resolución del TSJC, que seguramente ya no llegará hasta septiembre», se reconoce desde la administración autonómica, que desde hace casi tres años busca «regularizar» la situación administrativa del inmueble y sacar el uso de la planta baja a licitación pública, tal y como ya se hizo con la primera planta donde anteriormente había el Tòful de Mar y ahora hay la Sardineta.
Recogida de firmas
De esta forma, la lucha del conocido emplazamiento está ya a un solo paso de llegar al punto y final de una batalla jurídica que se inició hace dos años y medio, cuando el Govern comunicó a principios de noviembre de 2018 al propietario del local, Josep Maria Donato, que el día 30 de ese mes debía abandonar el espacio que ocupa desde 1986. La resolución del Departament de Patrimoni fue recorrida ante el TSJC, que hace meses dio la razón a la corporación pública. Pese a ello, el titular del negocio solicitó ante el mismo tribunal la paralización de la ejecución de la sentencia, debido al hecho de que aún tiene otras vías judiciales en vigor, como el de las sanciones por un valor global de 22.000 que el Govern le ha impuesto por no abandonar el recinto. Por ello, argumentaba que una sentencia favorable, con el Iot ya fuera y con otro negocio en funcionamiento, sería de «difícil reparación».
Sin embargo, al final el TSJC no aceptó suspender la ejecución del desahucio. «Este fue anunciado el 12 de febrero de 2019, de forma que no estamos ante una circunstancia repentina, sino que el actor ha tenido tiempo para preparar el traslado de las instalaciones», indicó el tribunal en la resolución. Asimismo, en caso de que alguno de los recursos del Iot sea aceptado, se considera que «los daños pueden ser compensados económicamente», a la vez que recuerda que «estamos ante un edificio de titularidad pública cuyo destino inevitable es el de usarse para intereses públicos y no privados, por muy legítimos que estos puedan ser». El TSJC recalcó que «no hay ninguna autorización o concesión que permita atribuir de una apariencia de legitimidad la ocupación del establecimiento», por lo que defendió la postura del Govern de «realizar la correspondiente licitación pública».
A raíz de esta resolución, el titular del negocio presentó una última alegación, que es la que aún no ha sido contestada. Paralelamente, la Via T impulsó en mayo una recogida de firmas para pedir a la Generalitat que permita abrir el espacio «hasta el 30 de septiembre», de forma que «los tarraconenses no se queden sin servicios en la playa más emblemática de la ciudad», según rezaba el manifiesto. Al final, la lentitud en la resolución del alto tribunal podría permitir que el Iot cumpla con este calendario.