Con la aprobación del borrador de las normas subsidiarias urbanísticas, por parte del pleno municipal, el Ayuntamiento de Tarragona ya mira hacia adelante para abordar la siguiente fase: el inicio del debate para la redacción de un nuevo POUM. Será «a finales de septiembre», cuando se convocará una Comissión Informativa de Territori en la que «el Gobierno presentará un borrador con una propuesta» de plan, según avanzó el concejal de Territori, Xavier Puig.
El tercer teniente de alcalde lo anunciaba en el marco de la sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer, en la que una holgada mayoría apoyaba el texto que marcará las directrices en materia de urbanismo, de cara a los próximos años, hasta que se apruebe el nuevo plan de ordenación urbanística. De esta forma, se cerraba provisionalmente la crisis que se generó el pasado mes de noviembre, cuando una sentencia del Tribunal Supremo anuló el POUM de 2013.
Estas normas serán el «hueso» del futuro plan general. Así lo avanzó Puig, quien puso en valor que este instrumento salvaguarda sectores de crecimiento como el PMU-34, en el que se construirán 550 viviendas junto al Nou Estadi, el PMU-14, delante del Col·legi Sant Pau, o el PP-10, el futuro barrio de Ten Brinke, que ya se está urbanizando junto a la T-11.
Las normas permitirán la construcción de 11.340 viviendas nuevas en la ciudad. Asimismo, entierran en el cajón algunos de los sectores de crecimiento que habían generado más polémica, como La Budellera, Mas d’en Sorder, Terres Cavades y la Horta Gran. Todos estos pasan a ser considerados suelo no urbanizable, lo que significa que sus promotores deberán esperar algunos años para saber qué pasa definitivamente y en qué condiciones quedarán estos sectores con el nuevo plan. Un debate que se prevé intenso y que irá más allá de este mandato.
Mientras tanto, las directrices en materia urbanística de la ciudad las marcarán estas normas transitorias, cuyo borrador ayer fue aprobado con 23 votos a favor y cuatro abstenciones. En el primer bloque se situaron los trece concejales del equipo de gobierno –formado por ERC, Junts per Tarragona, CUP y el concejal no adscrito Hermán Pinedo–, además de los siete ediles del PSC y los dos de Cs. Por su parte, los dos ediles del Partido Popular y los concejales Sonia Orts y Jesús Calderón se decantaron por la abstención.
En este punto, el debate político se superó sin grandes sobresaltos. Tras una semana en la que se vislumbró la posibilidad de que no se sumara la mayoría absoluta necesaria para prosperar, finalmente se resolvieron las dudas que se habían generado desde intervención general del Ayuntamiento en relación al texto. «Lo que ha pasado esta semana no debe volver a pasar», lamentaba la concejal del PSC, Begoña Floria. Lo atribuyó al hecho de que no se ha reforzado la plantilla del Àrea de Territori y que «con todo este trabajo no llegan».
La edil socialista afirmó que el gobierno está «procastinando» este tema y pedía al Gobierno que «aparque sus discrepancias» en materia de urbanismo y que «saque el debate del POUM del cajón» para empezar a hablar del nuevo plan general. Por su parte, la concejal de En Comú Podem, Carla Aguilar, aplaudía que se hayan aparcado macroproyectos como La Budellera y Terres Cavades y que «la apuesta sea por un urbanismo sostenible y de cohesión».
A partir de ahí, la pelota está en el tejado de la Generalitat. Con la votación de ayer se decidió elevar la petición para que la administración catalana, que es quien tiene las competencias, redacte el texto definitivo. Para ello, tendrá que pasar por la próxima Comissió d’Urbanisme de Catalunya que se celebrará el viernes de la semana que viene o el siguiente lunes, para su tramitación inicial.
Con todo, el documento definitivo está previsto que pueda aprobarse en septiembre o octubre. «Ahora toca apretar a la Generalitat para que cumpla con todos los plazos», afirmaba el responsable de Territori. Ayer los protagonistas fueron los técnicos, a los que se les agradeció el ingente trabajo de estos meses.
