La Generalitat de Catalunya ha iniciado el proceso para descatalogar y suprimir la protección patrimonial que tiene actualmente el edificio de la antigua prisión de Tarragona, que desde finales de 2015 solo alberga a los internos de tercer grado. Así lo asegura al Diari la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró (Junts per Catalunya), quien recalca que el proceso que ya ha empezado su Departament, que tiene como número ‘2’ al tarraconense Eusebi Campdepadrós, «debe servir para pensar qué equipamiento apostamos por situar allí y analizar qué es lo que queremos preservar y qué parte no».
Está previsto que el próximo mes de noviembre finalicen las obras de construcción del nuevo Centre Penitenciari Obert (CPO), que se está edificando en el entorno de Joan XXIII y que supone una inversión de 9,5 millones de euros. Cuando esta instalación entre en funcionamiento, el inmueble de la antigua cárcel quedará completamente vacío, por lo que podría derribarse parcialmente.
«Este edificio tenía una función, pero en el futuro ya no albergará ningún otro servicio penitenciario, por lo que debemos ordenarlo», indica la representante del Govern, quien recalca que «seremos cuidadosos con el patrimonio y la memoria, ya que dicen mucho de nuestra sociedad. Ni todo debe tirarse ni todo debe mantenerse. Veremos qué museizamos y, a partir de aquí, tomaremos decisiones», afirma la política de la formación de Carles Puigdemont.
Según el Catàleg de Béns a Protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) anulado de 2013, este inmueble –obra del arquitecto Francesc Monravà en 1942– «es un edificio muy macizo, hecho casi totalmente de piedra picada», que «ocupa un espacio muy grande pese a que ha ido cambiando su dedicación». Por ello, está protegido como Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
Financiar el Fòrum Judicial
A nadie escapa que la Generalitat se encuentra en plena búsqueda de recursos para poder pagar el futuro Fòrum Judicial, un proyecto olvidado desde hace años que con el nuevo mandato se ha vuelto a poner sobre la mesa. Así, antes de final de año el Govern decidirá si ubica la esperada unificación de los organismos judiciales en una misma sede en la Tabacalera, o si bien opta por el solar de Joan XXIII donde inicialmente estaba previsto que se construyera.
Para ello, la administración autonómica acudirá a los fondos Next Generation, pero paralelamente también estudia un plan B para poder financiar la obra por si no llegara la ayuda europea. Y aquí es dónde se ubicaría la deseada descatalogación de la antigua prisión, ya que ello permitiría jugar urbanísticamente con el solar para poder lograr recursos. Según los anteproyectos presentados en el pasado, el edificio que albergaría las actuales ocho sedes judiciales de la ciudad costaría unos 70 millones de euros.
«El 50% debe ser zona verde»
La portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, considera que, una vez abra el CPO, el solar de la antigua prisión «debe ser 50% equipamiento y 50% zona verde», y propone que «sea un edificio singular que unifique todas las delegaciones de la Generalitat en Tarragona». Desde En Comú Podem, Carla Aguilar cree que el espacio «debe revertir al Ayuntamiento» e iniciar «un proceso participativo con las entidades para determinar su uso».
Finalmente, Lorena de la Fuente (Cs) opina que «es lamentable que, a estas alturas, Ayuntamiento y Govern aún no hayan acordado el uso del espacio».
