La Fiscalía Provincial de Tarragona pone el freno en el caso Inipro. Pese a acusar al exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (PSC) de haber cometido cinco delitos en la polémica por la presunta financiación ilegal de la formación socialista –por valor de 276.000 euros a través del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST)–, ahora el Ministerio Público le pide una pena de prisión de cinco años y ocho meses, una cifra que es considerablemente inferior a los 13 años que le solicita la CUP, así como a los 14 que pone sobre la mesa el Ayuntamiento, que aún no ha sido ratificado en la causa pero que igualmente ya ha presentado sus peticiones de pena.
Según ha podido saber el Diari, el Juzgado de Instrucción número 1 notificó el pasado jueves a las partes los escritos de acusación, de cara a la apertura de un esperado juicio oral que todo parece indicar que no se iniciará antes de 2022. En los escritos de las tres acusaciones –a los que ha tenido acceso este periódico– se revela que las condenas que solicita ahora el fiscal son menos de la mitad de las que presentan las acusaciones, tanto en el caso de Josep Fèlix Ballesteros como con la también edil Begoña Floria (PSC) y los altos cargos municipales, del IMSST y de las empresas privadas investigadas en la causa sobre un contrato firmado en 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó durante dos ejercicios consecutivos por un montante global de 276.000 euros.
El Consistorio pide más que la CUP
Oficialmente, el contrato tenía como objetivo «la intervención y potenciación del asociacionismo de la población recién llegada a la ciudad», pero las diligencias ordenadas por el juez desde 2013 sospechan que se podrían haber desviado recursos en beneficio de varias alcaldías del PSC de principios de la pasada década, como la de Tarragona o Viladecans. «Estoy muy tranquilo. Mi actuación en todo esto solo fue firmar seis decretos con informes técnicos y jurídicos favorables» indica Ballesteros al Diari, quien reconoce estar «muy tranquilo» y «esperanzado» porque «ahora, al fin, ya podremos defendernos».
La Fiscalía apunta cinco delitos al exalcalde, por los ocho de la CUP y los seis del ConsistorioEl exalcalde recalca que no tiene previsto dejar su cargo público cuando llegue el juicio. «No lo haré, porque mi partido –aunque ahora esté de baja temporal de militancia– me pidió que continuara. Si no tuviera su apoyo no tendría problema en dejarlo», afirma el máximo representante municipal entre 2007 y 2019.
En su escrito de acusación, la Fiscalía imputa a Ballesteros los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil. La CUP, por su parte, añade en su escrito los delitos de alteración de precios, subastas y concursos públicos; soborno; tráfico de influencias; y abuso en el ejercicio de la función pública, que son prácticamente los mismos que los que denuncia el Consistorio.
Todo parece indicar que el esperado juicio oral no empezará, como mínimo, hasta 2022La diferencia entre las peticiones es que, mientras que CUP y Ayuntamiento solicitan penas individuales por cada uno de los presuntos delitos cometidos, el Ministerio Fiscal apuesta por el «concurso ideal–medial», lo que se traduce en que se considera que para cometer un delito deben cometerse obligadamente otros, por lo que solo se pide pena para el de mayor envergadura. De ahí que los cinco años y 10 meses solicitados por el fiscal sean escasamente el 43% de lo pedido por la CUP, y un 39% de lo solicitado por el Ayuntamiento. Asimismo, la diferencia entre las acusaciones de la CUP y del Consistorio es que la administración municipal apuesta por una mayor pena en los delitos de malversación (6 años, por los 4 de la CUP), la falsedad documental (4,5 años por los 3 de la CUP) y el tráfico de influencias (un año y 3 meses por los seis meses que le piden las cupaires). El fiscal también propone para Ballesteros la inhabilitación «para todo cargo o empleo público» durante el tiempo que dure la condena, así como al pago de «12 euros diarios durante 22 meses», lo que supondría unos 8.000 euros de sanción.
«Defendemos a la institución»
El portavoz del equipo de gobierno municipal, Manel Castaño (ERC), asegura a este periódico que el ejecutivo de la Plaça de la Font decidió personarse en la causa «para defender a la institución», y argumenta sobre la petición de las penas impulsada por la corporación local que «no es una decisión política, sino que nos pusimos en manos de un equipo jurídico» liderado por el abogado Ramon Setó. Asimismo, el concejal de la formación republicana afirma «estar sorprendido» por el hecho de que tanto Ballesteros como Floria «sigan ocupando cargos públicos» pese a la petición de penas de la Fiscalía.
Por su parte, la portavoz municipal de la CUP, Laia Estrada, considera que el caso Inipro «ha evidenciado unas prácticas vergonzosas en favor del PSC –de todo el partido, no solo de Ballesteros y Floria– en detrimento de dinero que se debía destinar a las personas más vulnerables». La edil recalca que el escrito de acusación «provisional» de su formación «se ha elaborado en base a los delitos recogidos en la interlocutoria del juez, que afortunadamente puso al descubierto más delitos de los que nosotros denunciábamos en un primer momento». Asimismo, desde la acusación cupaire se recalca que «pese a que con Inipro se ha tratado de ridiculizar el caso y tratarlo solo como una mala praxis, recordamos que hay una pieza bajo secreto de sumario que va mucho más allá del PSC de Tarragona, ya que implica a toda la estructura del partido en el cinturón rojo de Barcelona».
Un solo delito a Begoña Floria
Otra de las grandes novedades que presenta el escrito de acusación de la Fiscalía es que solo se apunta a la concejal y exportavoz del gobierno municipal, Begoña Floria (PSC), por un solo delito –malversación de caudales públicos– por el que le pide cuatro años y diez meses de cárcel. El ministerio público también pone sobre la mesa «una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena», así como a una «inhabilitación absoluta» durante ocho años y seis meses.
Se trata de una petición que no es ni la mitad de lo que ponen sobre la mesa CUP y Ayuntamiento, que solicitan diez años de prisión. Así, la formación cupaire imputa a la edil cinco delitos –alteración de precios, subastas y concursos públicos; soborno; tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y abuso en el ejercicio de la función pública–, por los que le pide un global de diez años de cárcel. Por su parte, el Ayuntamiento también acusa a la concejal desde 2007 de alteración de precios, subastas y concursos públicos; tráfico de influencias; y malversación de caudales públicos, pero cambia el soborno y el abuso en el ejercicio de la función pública por el fraude. En global, el Consistorio solicita de cara al juicio oral una pena de diez años y tres meses de prisión a la concejal.
Por lo que se refiere al resto de acusados, cabe señalar que las peticiones de más años de cárcel son para el exgerente del IMSS –Antonio Muñoz–, a quien la Fiscalía le pide cinco años y diez meses, por los 13 años de la CUP y los 15 y nueve meses del Ayuntamiento. Penas similares se solicitan para la exconcejal y expresidenta del Institut Municipal de Serveis Socials, Victòria Pelegrín. En su escrito, la Fiscalía también apunta que los nueve enjuiciados «indemnizarán conjunta y solidariamente al IMSST en la cantidad de 276.121 euros por el dinero defraudado», todo ello «con la aplicación de los intereses legales de procedente aplicación».
