El exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros irá a juicio por el 'caso Inipro' de presunta corrupción en el Institut Municipal de Serveis Socials (IMMS) a favor del PSC. Según ha podido confirmar la ACN, la Audiencia de Tarragona ha desestimado los recursos de apelación de los principales acusados y ve indicios suficientes de delito. Además del ex alcalde, también juzgarán la concejala Begoña Floria; la exconcejal Victòria Pelegrín; el ex gerente del IMSS, Antonio Muñoz; el ex jefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contratado por Inipro y vinculado con el PSC; José Gallet, administrador de la empresa Gatillo; Enrique Manuel Miró, administrador de Itinere Servicios Educativos; y Enriqueta Aznar, técnica del IMSS.
Por otra parte, en sendas resoluciones del 15 de abril, la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona ha dictado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto la funcionaria municipal Araceli Saltó; y los trabajadores Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano y Mario Bulzuri.
Cerrada la vía del recurso
Con esta resolución los magistrados de la Audiencia han confirmado el auto de 22 de agosto de 2018 de incoación de procedimiento abreviado que hizo el juzgado de instrucción número 1, y el auto posterior de 3 de julio de 2019, en que el mismo juzgado desestimó los recursos de reforma presentado por los investigados.
Una vez desestimados los recursos de apelación por parte de la Audiencia, ya no hay opción de recurrir en ninguna otra instancia, con lo cual la fiscalía y la acusación popular ejercida por la CUP -que denunció el caso el 2013- deberán presentar ahora los respectivos escritos de acusación. Será entonces cuando la Audiencia de Tarragona podrá dictar el auto de apertura de juicio oral y dar traslado a las defensas para que presenten sus escritos, y finalmente fijar una fecha para la celebración de la vista oral.
El abogado de Ballesteros insiste en la inocencia del ex alcalde
El abogado del exalcalde, David Rocamora, ha apuntado que la decisión de la Audiencia de Tarragona es "definitiva" y ha hecho un llamamiento a que fije fecha de juicio "lo antes posible". Según Rocamora, el tribunal "deja en pie todos los argumentos defensivos y deja el debate para la vista del juicio". Según el abogado, la Audiencia ratifica que hay argumentos para ir a juicio y que la imputación tiene unas bases que ya se discutirán en la vista oral, "sin que ello signifique culpabilidad". Por ello, Rocamora ha deseado que la vista "se haga pronto y se pueda restituir la honorabilidad del exalcalde, que es absolutamente ajeno a todos los cargos".
Ballesteros está investigado por presuntos prevaricación, malversación, alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, fraude, cohecho, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la función pública. A su vez, la concejala Floria lo está por supuesta alteración de precios en concurso y subastas públicas, cohecho, tráfico de influencias, malversación y abuso en el ejercicio de la función pública.
Presuntas actividades en beneficio del PSC
El caso gira sobre el contrato suscrito en 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials (IMMS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante pero, según el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, lo que se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del PSC.
En el auto de incoación de procedimiento abreviado, el juzgado de instrucción apuntaba que se contrataron personas afiliadas o simpatizantes del PSC para llevar a cabo actividades como atender las redes sociales y hacer funciones comunicativas a favor del alcalde de cara a las elecciones municipales de 2011. Todo, subrayaba el juez, a cuenta de las arcas públicas.
Ballesteros y Floria, señalados como "los principales instigadores de la trama"
Este grupo de trabajadores, llamado como 'PSC Ciberactivistes Ballesteros',, estaba "dirigido" por la actual concejala y ex portavoz socialista en el Ayuntamiento, Begoña Floria, y "bajo el control" del ex jefe de gabinete de alcaldía, Gustavo Cuadrado, según el juez. En el auto, que recogía varias comunicaciones internas entre los investigados sobre la difusión de mensajes políticos y estrategias electorales, el juez llegaba a asegurar que Ballesteros, como responsable último de la agrupación local del PSC, y Floria, como responsable de la área de comunicación, eran "los principales instigadores de la trama".
En la resolución, el juez censuraba que en uno de los períodos de "más austeridad económica de la historia reciente", los investigados "urdieron, colaborar o participar en una trama en la que se empleó el IMSS -que presta servicios con finalidad de asistencia social para desviar fondos públicos en beneficio de los intereses personales del alcalde de Tarragona, de su equipo de gobierno y de su partido, los cuales en su voluntad de aferrarse al poder, a toda costa, utilizaron el dinero público para contratar personas que trabajaran en la promoción de su imagen y en captar votantes para el PSC ".
La investigación señala también que miembros del PSC habrían decidido, en primer término, qué personas afines se querían contratar y, después, habrían simulado un proceso de contratación con la empresa Inipro en el que se invitó a dos firmas más. "El proceso administrativo no era sino una cortina de humo, una sombra que ocultaba la decisión, ya tomada. Un fraude que escondía una sustanciosa transacción de dinero público en beneficio de intereses políticos personales y privados", señala el juez.
Secretaría e intervención
Por otra parte, aunque los servicios de Secretaría e Intervención municipales advirtieron hasta en siete ocasiones de la ilegalidad de la contratación de Inipro, los expedientes elaborados por los servicios técnicos apuntaban a la conveniencia de abonar las facturas presentadas por la empresa porque había realizado los trabajos. Este es el motivo que siempre ha esgrimido el exalcalde por haber firmado los decretos de pago de 21 facturas, con un importe de 215.000 euros. Sin embargo, según el juez, estas tareas no están acreditadas.
