La concejal que preside el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), Ana Santos, envió ayer una carta a los empleados del organismo público en la que les convocaba a una reunión informativa que se llevará a cabo el próximo martes y a la que «asistirá un abogado especialista en derecho penal que nos informará sobre las obligaciones de los testimonios y los derechos de los imputados» por el caso Inipro.
En el documento, Santos exponía que «la tramitación de diligencias previas que afectan de lleno a un contrato del IMSS ha generado inquietud entre los trabajadores, algunos de los cuales han solicitado información especializada para afrontar correctamente esta situación».
La carta provocó la reacción de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que ayer calificó esta medida como de «muy grave» e insinuó la existencia de presiones por parte del equipo de gobierno a los trabajadores del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) por el caso Inipro. La formación anticapitalista –que ejerce como acusación particular en este caso del que ya se ha producido una detención y un registro de la Guardia Civil en seis sedes municipales– teme que se trate de una maniobra de presión hacia los empleados.
«Ningún trabajador debe tener miedo si no ha participado en los delitos denunciados, no deben inquietarse», indicó la portavoz Laia Estrada. Asimismo, la CUP lamenta que el Ayuntamiento «trate como presuntos culpables a todos los trabajadores», ya que «los acusados no son los empleados, sino que lo serán las personas finalmente encausadas por la justicia».
Estrada presentó asimismo una batería de preguntas al alcalde. Entre las cuestiones que puso sobre la mesa estaría una presunta reunión que, el pasado 20 de octubre, «se convocó en la sede del IMSS y en la que se habría citado a un abogado con varios implicados del caso que, finalmente, no se llevó a cabo porque el abogado consideró que se trataba de una ilegalidad», afirmó la representante de la CUP.
‘Ni presión ni mala intención’
La presidenta del IMSS, Ana Santos (PSC), mostró ayer su «sorpresa» por la denuncia realizada por parte de la CUP. Santos expuso que «desde el día del registro, muchos trabajadores nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes en caso de que se les cite a declarar», por lo que aseguró que «decidimos que un letrado especialista les asesore y todos puedan despejar las dudas que puedan tener».
Santos afirmó que la dirección del organismo municipal «sólo quiere estar al lado de los profesionales» del organismo público, descartando «cualquier tipo de presión ni mala intención». En este sentido, Santos sí que reconoció que el pasado día 20 se anuló una reunión con los empleados citados, ya que el abogado consideró que en el encuentro debían estar presentes todos los empleados del IMSS».