El concurso público que el Ayuntamiento de Tarragona abrió el pasado mes de febrero para la redacción del Estudio del paisaje histórico de la Budallera ha quedado desierto. Ninguna empresa ha apostado por presentarse a la licitación, que partía con un presupuesto de 33.550 euros, y que tenía como principal objetivo identificar los elementos y valores culturales, paisajísticos, históricos y arqueológicos que le confieren identidad y carácter, y realizar un análisis territorial.
De hecho, la redacción de este estudio de los terrenos es una demanda del grupo municipal de la CUP a cambio de dar apoyo al alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, para aprobar los presupuestos de 2020 y que también se incluyó en el acuerdo para la ampliación del gobierno municipal. En este sentido, las anticapitalistas proponían realizar este análisis integral paisajístico en el cual se avaluasen los componentes históricos y naturales que se podrían poner en peligro en el caso que el proyecto urbanístico de la Budallera acabara desplegándose. Un proyecto que, con la anulación del POUM, ha quedado aparcado y tampoco está incluido en las normas provisionales que regirán la ciudad antes de la redacción del nuevo planteamiento urbanístico municipal. Además, el actual gobierno ve en ello una posibilidad para archivarlo definitivamente.
No obstante, en declaraciones del pasado mes de abril, la edil cupaire Eva Miguel defendía que el estudio paisajístico debía ayudar a ampliar la categoría de protección en todo el entorno y, de esta manera, conservar y poner en valor todo este espacio verde y aseguraba ser consciente que «los poderes fácticos» de esta ciudad no se detendrían y que «la Budellera aún no la hemos salvado definitivamente, por eso urge este estudio». Ahora, ya como concejala de Medio Ambiente, sigue defendiendo la necesidad del análisis de los terrenos y critica que la forma con la que se ha intentado llevar a cabo ha sido errónea. «Este estudio era una petición de la CUP y creemos que la forma en que se planteó en su momento no era la más correcta, ya que se podría haber hecho un convenio con el ICAT, como ya se hace con algunas entidades, que es el organismo que hace este tipo de estudios», señala Miguel, que lamenta que ahora el concurso haya quedado desierto y el estudio no se pueda tirar adelante. No obstante, la portavoz anticapitalista defiende que «estamos muy detrás del tema porque consideramos que debe poderse darle salida. Es un estudio muy importante, ya se hacen convenios en muchos otros ayuntamientos, como en Barcelona, pero aquí falta encontrar el encaje jurídico para poder realizar el encargo. La fórmula debe ser un convenio con una de estas entidades que se dedican a este tipo de estudios, pero por desgracia no se planteó así», y añade que «estamos mirando por qué Tarragona tiene tantos problemas para dar salida a esta iniciativa». Cabe recordar que la Budallera es un Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) de zona arqueológica.
Por su parte, la mesa de contratación pidió que los servicios técnicos revisaran la documentación y «hacer, en todo caso, una nueva licitación, incluyendo la posibilidad de que se tramite como un procedimiento negociado sin publicidad», es decir, que no se haga un procedimiento abierto, lo que es un concurso público.
