El caso Eugen Sabau ha creado jurisprudencia. La petición del pistolero de Securitas de pedir la eutanasia, a raíz de las graves lesiones que sufrió tras disparar contra tres excompañeros y huir hasta el entorno de una masía de Riudoms donde fue reducido por los Mossos, provocó que, por primera vez, chocaran frontalmente dos derechos fundamentales: el de una vida digna contra la tutela judicial efectiva de las víctimas. Fue un debate inédito e intenso, que se resolvió a favor del primero, al ser «personalísimo y omnicomprensivo». El proceso generó, además, expectación internacional.
En junio de 2022, medio año después de los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2021, Sabau presentaba «una lesión medular incompleta» que, «desde hace seis meses le genera importante dependencia y dolor neuropático», indicaba la petición. Tras ser detenido, los médicos tuvieron que amputarle una pierna. «Tras haber comenzado las medidas pertinentes a nivel médico para mejorar la sintomatología, reitera su idea de continuar la tramitación de la eutanasia, con expreso deseo a que se le facilite la posibilidad de morir de manera asistida», indicaba el requerimiento del vigilante.
El equipo de la médico que le atendió, tras exponer el caso en sesión clínica y «consensuado pertinentemente con los equipos y departamentos involucrados», aceptó que el acusado iniciara el procedimiento para recibir la eutanasia.
Debate jurídico
La petición de Sabau abrió un debate jurídico único e inesperado, si bien la opinión mayoritaria fue desde el primer momento a favor de la vida digna. Pese a ello, el sindicato USPAC –que representaba a agentes de los Mossos d’Esquadra–, solicitó que se juzgara el caso antes de iniciarse el proceso de eutanasia. Por ello, presentó un escrito ante el juzgado que llevaba la causa.
En este sentido, en julio de 2022 se paralizó el proceso hasta resolver los recursos presentados por parte de las víctimas. Sin embargo, desde el primer momento hubo indicios de que la petición de Sabau sería la ganadora. El 2 de agosto, la Comissió de Garantia i Evaluació de la Generalitat avaló que el pistolero reunía los requisitos para ser eutanasiado, un posicionamiento que fue confirmado al día siguiente por la audiencia Provincial de Tarragona.
Tras estas dos primeras resoluciones, el 12 de agosto el juzgado fijó la aplicación de la eutanasia para 11 días después. Para intentar frenarla, las víctimas presentaron un recurso ante el Trbunal Constitucional, que en cuestión de solo 48 horas resolvió: OK al derecho a la vida digna. Por ello, finalmente Sabau falleció en el Consorci Sanitari de Terrassa 252 días después del trágico suceso de la Plaça del Prim, marcando el punto y final a un caso que ya ha pasado a la historia.