El caso judicial en el que está inmerso el contrato de la basura de Tarragona, con cinco recursos en los tribunales, ya tiene una primera posible factura: entre los dos millones que el gobierno local del PSC transmitió a la oposición antes de Setmana Santa, los 21 que apunta una sentencia reciente del Tribunal Supremo y los «dos parkings Jaume I» que denuncia ERC, que mañana votará en contra de la adjudicación a la segunda clasificada del concurso, Urbaser.
Este mes, el juzgado de la Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelares que la ganadora expulsada del proceso, GBI Paprec, había solicitado para ser readmitida. A juicio del juez, la petición de medidas urgentes no era pertinente porque la empresa «puede ser indemnizada económicamente en el futuro» si gana la vía judicial.
¿De cuánto dinero se estaría hablando, cuando el lote recurrido en Tarragona es de 208 millones por diez años? Este 11 de marzo, una sentencia del Tribunal Supremo da por primera vez una estimación en un caso que, pese a no ser igual, puede asemejarse: el 10% del contrato del lote. Pero PSC y ERC difieren sobre su interpretación. El ejecutivo del alcalde Viñuales indicó hace dos semanas a las formaciones de la oposición que el 10% a pagar sería «sobre el beneficio industrial», por lo que la cifra sería de unos dos millones de euros. Sin embargo, ERC denuncia que el montante global podría ser treinta veces superior, ya que en la ciudad podría haber hasta tres firmas con adjudicaciones.
El precedente de Barcelona
En Barcelona, en 2016, el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Multianau dos de los diez lotes de la recogida de limpieza en edificios y locales municipales. Una de las licitadoras –Optima Facility Services– presentó recurso, que fue aceptado por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Multianau, pues, se quedó en 2017 sin contratos, recurriendo al Supremo, que ocho años después ha dictaminado a su favor. En global, los dos contratos ganados por Multianau eran de 4,2 y 2,1 millones por dos años. El Supremo otorga el derecho a la firma a percibir una indemnización del 10% del valor de cada contrato. Por ello, el Ayuntamiento –y no la Generalitat como pedía el consistorio– deberá abonar 434.322 y 215.152 euros a la empresa: en total, 650.000. La firma tiene derecho a cobrar «el 10% del beneficio dejado de obtener», por los «perjuicios sufridos» por causas «no imputables al contratista».
Caso parecido pero no igual
¿Es aplicable esta sentencia en Tarragona? Hace poco, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), se mostraba convencido de que el consistorio ganará la vía judicial, por lo que no sería necesario. Según los expertos consultados por el Diari, a grandes rasgos la resolución sí que podría servir para Tarragona, pero con una diferencia: en Barcelona la sentencia llega años después de que expirara la concesión, mientras que en Tarragona todavía ni se ha iniciado.
Jordi Fortuny (concejal de ERC): «El gobierno nos ha presentado unos datos erróneos sobre las posibles indemnizaciones»
Por ello, los letrados consideran que en el caso de Tarragona la indemnización a abonar, si ganara GBI Paprec, podría ser del 10% del coste anual: unos 2 millones de euros al año entre la adjudicación del contrato y la posible sentencia en firme. Si en el caso de Tarragona se tarda ocho años como en Barcelona, la factura podría rondar los 16 millones.
Sin embargo, el principal partido de la oposición, ERC, considera que el coste puede ser muy superior: el 10% del contrato total por el número de adjudicaciones que se realicen. La primera fue a Paprec en marzo del 2024, mañana se otorgará a Urbaser y no se descarta una posible a FCC en el futuro si esta empresa recurre al tribunal administrativa y su recurso es aceptado.
«El riesgo es muy alto. El gobierno nos ha presentado unos datos erróneos. Tras analizar la sentencia que nos pone de ejemplo el gobierno, se evidencia que la indemnización no es sobre el 6% del beneficio industrial, sino el 10% del total del contrato. Esta es una diferencia muy grave, 17 veces más. No sería un riesgo máximo de dos millones, sino de 20», afirma el edil respublicano Jordi Fortuny.
«Cuando adjudicas generas derechos. Hacerlo ahora a una empresa que se sabe que ha cometido errores similares a las demás podría llevar al Ayuntamiento a tener que indemnizar a las tres licitadoras, lo que supondría más de 60 millones, además del riesgo penal por prevaricación», indica el concejal, quien señala que «este gasto sería como dos parkings Jaume I». ¿La historia puede repetirse en la Plaça de la Font?
