El Ayuntamiento de Tarragona encargará una segunda peritación del teléfono móvil del alcalde Rubén Viñuales, después de que una primera confirmara que tenía un programa para espiarlo. También habría sido espiada la funcionaria municipal encargada de gestionar el nuevo contrato de la basura.
La portavoz del gobierno de Tarragona, Sandra Ramos, ha asegurado que la trabajadora denunció los hechos a la Guardia Civil. Desde el cuerpo armado han negado que estén llevando a cabo ninguna investigación. Los partidos han acordado que en el pleno del viernes harán una declaración institucional de apoyo a la empleada y que votarán poner un recurso a la resolución del Tribunal Catalán de Contratos, que excluyó a la empresa ganadora del concurso de la basura.
Este miércoles se ha hecho una junta de portavoces extraordinaria en el Ayuntamiento de Tarragona para que el gobierno diera explicaciones al resto de grupos sobre la información publicada el martes por Porta Enrere, que afirmaba que el alcalde y la técnica municipal responsable del contrato de la basura han sido espiados. Las sospechas apuntan a que los hechos podrían estar relacionados con la licitación y adjudicación del contrato de la basura, valorado en 230 millones de euros.
«El Ayuntamiento ha sido víctima de un espionaje, no sabemos por parte de quién. Los hechos son de una gravedad importante, los conocíamos desde hacía algún mes, pero queríamos esperar a tener una pericial específica del móvil del alcalde para comprobar mejor los hechos antes de poner una denuncia. Que se haya hecho pública la noticia antes de tener la pericial facilita la vida a los responsables del espionaje», ha expuesto la portavoz del gobierno, Sandra Ramos.
Según Porta Enrere, el 25 de marzo el alcalde ya era consciente de la situación. Desde entonces, el consistorio asegura que ha hecho una primera prueba pericial, en la cual se constató que había un software para espiar el teléfono. Con el segundo estudio quieren constatar este extremo y, si se confirma, presentar una denuncia. «El móvil debe estar diez días en manos de una empresa técnica. Una cosa es que no lo tenga durante una mañana y la otra es que no lo tenga durante diez días seguidos, por lo que necesitamos la habilitación de algún otro medio para comunicarnos con él», ha especificado la portavoz.
Durante este tiempo, el alcalde informó al concejal de ERC Jordi Fortuny, que en el anterior mandato dirigía el área de Servicios Generales que se encargaba de la licitación del contrato de la basura. Hace unas semanas, el consistorio habría pagado una peritación del móvil de Fortuny, que dio negativo. A pesar de ello, este martes la portavoz de ERC, Maria Roig, ha manifestado que pidieron la junta de portavoces para que Viñuales les explicara «qué información tenía» y les «pusiera en conocimiento de qué sucedía» porque son unos hechos «de extrema gravedad».
«Intolerable»
Todos los grupos -a excepción de Vox que no ha hecho declaraciones- han hecho una defensa férrea de la labor de la trabajadora municipal espiada. «Es intolerable. Está fuera de todo lugar», ha exclamado el portavoz de Junts, Jordi Sendra. «Es una información gravísima», ha remarcado la portavoz del PP, Maria Mercè Martorell, quien ha subrayado que el supuesto espionaje al alcalde también afecta la esfera institucional del consistorio. Por su parte, el portavoz de ECP, Jordi Collado, ha reclamado que se analice si otros miembros del equipo de gobierno y personas vinculadas con el contrato de limpieza han sido afectados. «Si estamos ante una trama de espionaje, deberíamos aclararlo», ha dicho.
Por todo ello, las formaciones han acordado que en el pleno del viernes harán una declaración institucional de apoyo a la trabajadora espiada. Paralelamente, también llevarán a votación presentar un recurso al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público contra la resolución que emitió en la que excluyó a la ganadora del concurso de la basura, GBI Paprec.
Días convulsos
Los últimos días han sido convulsos en el Ayuntamiento de Tarragona por el contrato de la basura. Especialmente después de la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, que excluyó a la empresa ganadora del concurso, GBI Paprec. La resolución afirmaba también que las tres participantes habían incumplido los pliegos de licitación, pero como tan solo había la denuncia contra GBI Paprec -por parte de Urbaser-, las otras no quedaban excluidas.
Esto levantó un reguero de reacciones entre los diferentes partidos políticos. El gobierno (PSC) pidió un informe jurídico a los técnicos municipales, que defendieron todo el proceso de licitación y avalaron que el servicio se adjudicara a Urbaser. En cambio, el resto de partidos de la oposición no lo vieron tan claro y han propuesto alternativas.