Son, pese a todo, cifras inferiores a las medias estatales. La interinidad en las administraciones públicas ha pasado del 30,4% en el primer trimestre de 2021 al 31% a cierre de ese año, y al 32,5% en el primer trimestre de 2022, llegando el número total de empleados públicos con contrato temporal a 1,13 millones, según la EPA.
En los últimos tiempos, uno de los cometidos de las administraciones es reducir esos niveles de temporalidad y dar estabilidad a las plantillas, para combatir así contra una precariedad que en algunos casos lleva décadas cronificada.
La Generalitat ha apostado recientemente por ello, después de que en mayo aprobara una oferta de ocupación pública de estabilización. Se trata de un total de 46.845 plazas que se convocan de forma excepcional, y tras un acuerdo que las propias organizaciones sindicales calificaron de «histórico».
La correción se llevará a cabo por dos vías, el concurso de méritos y el concurso oposición. «Esta oferta forma parte del proceso de reducción de la temporalidad en la ocupación pública que está llevando a cabo el Govern y que es el más importante que se ha hecho nunca», expone la corporación autonómica.
La oferta de estabilización, según reconoce el Govern, es un «instrumento muy necesario» para «situar la tasa de temporalidad en la Generalitat por debajo del 8% a fecha de 31 de diciembre de 2024», según establecen las directivas europeas y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública. El porcentaje actual en el organigrama autonómico catalán se ubica en el 35,5%.