Robert, vecino del barrio de Torreforta en situación de vulnerabilidad, ha conseguido detener su desahucio por cuarta vez junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tarragona. No obstante, se le ha comunicado que el próximo uno de febrero se ejecutará definitivamente el lanzamiento con una comitiva de los Mossos d’Esquadra y se le ha instado a que acuda a las instituciones públicas para que pueda encontrar una alternativa.
Este vecino llegó a Tarragona en el año 2016 y, debido a su situación económica, ocupó un piso propiedad de la inmobiliaria Solvia. Durante la época del coronavirus, se le ofreció un alquiler social que no pudo aceptar debido a que, en aquel momento, no tenía un trabajo.
En la actualidad, comenta que sí que podría hacer frente a este tipo de arrendamiento, pero indica que la propiedad no se lo concede: «Como gran tenedor, está obligado a hacerlo».
Puesto que la ejecución estaba programada para la mañana de este jueves a las 9.30 horas, miembros de la PAH se han movilizado hasta la vivienda y sus aledaños para intentar detenerla y, sobre las 10.00, la procuradora de Robert ha confirmado que efectivamente se posponía hasta el próximo uno de febrero. Hasta allí se han desplazado el procurador de la propiedad y la comitiva judicial.
Previamente, el abogado de este vecino había solicitado una prórroga de quince días, que finalmente ha terminado alargándose. Paralelamente, Robert está en contacto con una persona que ejerce de intermediaria con la propiedad del inmueble.
La ley obliga a la propiedad a ofrecer un alquiler social si se cumplen unos requisitos
¿Qué dice la legislación?
Según la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, en casos de ocupación, el propietario tiene la obligación de efectuar una propuesta de alquiler social siempre que se cumplan cuatro requisitos determinados.
Estos incluyen que la vivienda esté vacía, que la ocupación se iniciara antes del uno de junio de 2021, que en los últimos dos años no se haya rechazado ninguna opción de realojamiento ofrecida por la Administración y que los servicios municipales emitan un informe favorable sobre el cumplimiento de los parámetros de riesgo de exclusión residencial.