Cuenta Rou Espinoza que cuando le llamaron para decirle que había superado el proceso de selección y podía ir a firmar su contrato de trabajo «no me lo creí; es que me han engañado tanto...».
Espinoza, peruano, tiene 33 años y vive en España desde hace siete en situación irregular. Ha sido estafado en dos ocasiones, la primera de ellas cuando pagó a una persona que le prometió convertirse en pareja de hecho para conseguir los documentos «y desapareció con mi dinero».
La segunda fue trabajando en negro (que era la única manera posible). Solo le pagaban una parte del salario porque la otra supuestamente era para hacer los trámites de la documentación. Al final aquellos trámites no existían y en la empresa le quedaron debiendo dinero. Sin papeles y sin un contrato al que atenerse, no denunció. «Se aprovechan de tu desesperación», concluye.
Imane FH, de Marruecos (27 años, cinco de ellos en España en situación irregular), también estuvo a punto de caer en una estafa similar. En su caso fue un paisano que le pedía 6.000 euros por hacerle un contrato de trabajo y otros 350 por la Seguridad Social. «Y supuestamente era un precio especial por ser amigo de un amigo», recuerda.
Llorar de alegría
Pero la situación de Rou e Imane cambió radicalmente en diciembre del año pasado. Ambos, junto a Ahmed S. y Mohamed R., fueron contratados en la Cooperativa Obrera Tarraconense (COT) para trabajar en la administración y en la conserjería de la cooperativa y el Teatre El Magatzem. Estarán a tiempo completo durante un año, lo que les permitirá, por fin, regularizar su situación.
La contratación ha sido posible gracias a que la Cooperativa Combinats consiguió una subvención del programa ACOL del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que sufraga entre el 85% y el 100% de sus salarios según el caso. Ellos se encargaron, además, de la selección.
Pero contratarles es solo una parte del programa, que implica un acompañamiento integral para que estas personas, acabado este año, tengan las mejores opciones posibles para seguir en el mercado laboral.
De ese seguimiento se encarga Raquel Barbier, que lidera el área social de Combinats. Una de las claves, explica, es que puedan desenvolverse con autonomía. Se trabaja, por ejemplo, para complementar su formación, pero son ellos quienes deben buscar los cursos que les interesan y hacer todas las gestiones.
A Rou, por ejemplo, que es chef de profesión, le interesa seguir formándose en cocina, aunque después de conocer la actividad que se desarrolla en El Teatre El Magatzem también le interesa estudiar sonido.
En el programa también se hace énfasis en establecer relaciones con personas de la ciudad que no sean solo de sus países de origen. Es algo que Imane valora especialmente de este trabajo donde además le están ayudando con los trámites para homologar su título como administrativa.
La joven, que trabajaba como azafata de barcos en su país, reconoce que cuando decidió venir a España, donde ya vivía su madre, pensó que las cosas serían más sencillas. Ha estado trabajando como camarera y relaciones públicas, «siempre en negro». Explica que con esta oportunidad «por fin veo la luz, tengo una mirada de futuro; he encontrado una dirección». Poder contar con un salario les ha permitido acometer importantes cambios en su vida. En el caso de Rou, ha podido trasladarse a vivir solo (antes estaba con sus hermanos); en el de Imane, sigue viviendo con su madre para ahorrar. En un futuro le gustaría conseguir una forma de ayudar a sus compatriotas «para que no los engañen». De hecho, Imane ya tiene un canal de YouTube con 77.700 suscriptores donde explica paso a paso cómo hacer distintos trámites, desde la declaración de la renta hasta cómo pedir hora en la policía.
Explica Raquel Barbier que la evolución en poco tiempo de las cuatro personas que están trabajando es evidente. De hecho, para el año que viene la cooperativa se ha presentado a la convocatoria para contratar a seis personas más.
El programa ACOL (de acollida) fue puesto en marcha por el Servei d’Ocupació de Catalunya en 2018 y busca contratar a personas en situación administrativa irregular que cumplan con los requisitos para pedir el arraigo social. Desde entonces ha permitido contratar a 1.046 personas en Catalunya, de ellas unas 400 este año. El Ayuntamiento de Tarragona, por ejemplo, a través de Tarragona Impulsa, ha contratado a 10 trabajadores. El año que viene el programa financiará 630 contratos a través de entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos y Consells Comarcals, con una inversión de 19 millones de euros. Los participantes tienen un contrato a tiempo completo por un año; uno de los principales requisitos para conseguir la autorización de residencia y trabajo.
