Los trabajadores del Centre Penitenciari Obert de Tarragona y la cárcel de Mas d’Enric no quieren que el asesinato de Núria López –la cocinera de la prisión de El Catllar que murió el pasado 13 de marzo a manos de un recluso– caiga en el olvido. Este martes, cinco meses después de los fatídicos hechos, estos volvían a salir a la calle para exigir más seguridad y acabar con las agresiones después que a finales del pasado mes de julio se registrara un nuevo episodio.
En el centro de la calle Guillem Oliver, unos veinte empleados dejaron temporalmente sus puestos a las once de la mañana y se reunieron en las puertas del edificio. Allí protagonizaron un minuto de silencio en recuerdo de la víctima y ofrecieron un cálido homenaje, en memoria de quien fue su compañera y de los familiares de esta.
Entre los asistentes estaba la directora del centro, cuya llegada al puesto se desencadenó a raíz de los hechos acontecidos en la prisión de El Catllar, después que su antecesor relevó al máximo responsable de Mas d’Enric, semanas después de la agresión. Esta afirmaba que durante estos cinco meses «se han hecho las gestiones para mejorar los protocolos de seguridad». Entre las medidas que se ha tomado está que los internos con un nivel alto de riesgo no pueden acceder a puestos, como las cocinas, en los que estén en contacto con utensilios como cuchillos.
La medida se tomó después que uno de los principales interrogantes que dejó la muerte de Núria López fue cómo una persona que cumplía una pena por asesinato con arma blanca trabajara con cuchillos, uno de los cuales acabó utilizando para degollar a la víctima.
Los trabajadores dicen que han cambiado cosas, pero que todavía
no es suficiente
no es suficiente
«Ahora se pone más la atención en cosas así», indicaba una de las trabajadoras del centro. Pese a ello, los hechos del 13 de marzo supusieron un punto de inflexión para un colectivo que decía basta y, por primera vez, salía del armario para denunciar algunas de las situaciones que se viven en las cárceles catalanas. Por este motivo, ayer en las puertas de Mas d’Enric unos cincuenta empleados exigían «más personal, que nos doten de aerosoles de acción adecuada y que se nos considere agentes de la autoridad».
Esta será una de las carpetas que se encontrará el nuevo conseller de Justícia, Ramon Espadaler, encima de la mesa, después que la relación con su antecesora, Gemma Ubasart, vivió auténticos momentos de crisis, en los que los sindicatos incluso se negaron a sentarse encima de la mesa para negociar hasta que no se produjeran dimisiones.
Desde las puertas de Mas d’Enric, el delegado sindical del CSIF, exigía un cambio de las políticas penitenciarias, ya que el colectivo de trabajadores considera que, con las armas actuales «no pueden trabajar».
Los funcionarios penitenciarios afirman que «han cambiado cosas». Ahora, los trabajadores del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) no pueden estar solos con los internos. Pese a ello, estos consideran que «todavía hay muchas otras que tienen que mejorarse». Y aquí falta por ver si el nuevo ejecutivo de Salvador Illa seguirá adelante con iniciativas como la Estratègia Nacional d’Obertalitat o si los trabajadores serán considerados agentes de la autoridad.
