«No es asunto tuyo me dirás y punto/pero reconoce que es crudo aceptar/que no hay ser humano que le eche una mano/a quien no se quiere dejar ayudar», canta Joaquín Sabina. Salvando las distancias, la letra se podría aplicar al sin techo que desde hace semanas ‘reside’ en un banco de la calle Pere Martell, en Tarragona. Los Serveis Socials están atados de pies y manos y no pueden ‘sacarlo’ de la calle a menos que un juez le incapacite porque Arturo, así se llama, se niega a ser ayudado.
Son las 12,45 horas del martes. El hombre yace somnoliento en un banco. El ‘Diari’ se acerca y le pregunta su nombre. Abre los ojos y responde con rapidez: «Me llamo Arturo». Y comienza a desgranar su historia.
Tiene 67 años. Llegó hace medio siglo desde Morón de la Frontera (Sevilla). «Soy de Córdoba y Sevilla, de donde papá y mamá», dice apenas moviendo los labios. Rememora cómo de joven trabajó de lavaplatos en un restaurante de Tarragona. Duda entre dos nombres para luego citar el local. «¿Sabes cuántos platos lavaba?», le pregunta al periodista... «2.500 al día, primero las ollas de aluminio y luego las cosas de barro. Entonces no había máquinas», se responde a sí mismo al instante.
Arturo se pierde luego en un discurso ininteligible, del que sobresale una frase: «La vida me defraudó». Aclara un poco la voz para responder a la pregunta «¿desde cuándo lleva en la calle?». «Desde 1987, cuando me divorcié. Ella se divorció porque yo era un hijo de puta», dice.
Arturo se quedó en la calle. ¿No le pudo ayudar su familia? En aquel año su padre ya había fallecido, afirma mientras junta las manos y se las pone en la mejilla, simulando el gesto de dormir. ¿Y su madre? «Todavía vive. Tiene 95 años. No quiere saber nada de mí», asegura. Cita de carrerilla la calle y el número donde reside su madre. Secreto de sumario.
La pregunta clave: «¿Arturo, no estaría mejor en un sitio donde le cuidaran?». «No quiero irme. ¿Cómo se llama eso de tener miedo a sitios cerrados?», repregunta al periodista. «Claustrofobia». «Eso... Tengo claustrofobia. No quiero irme», insiste. Este es el gran problema para poder ayudarle.
El proceso de incapacitación
Mientras él mismo no acepte que le ingresen en un centro, no se le puede obligar. El abogado Paco Zapater advierte que «este señor tiene los mismos derechos que tú y yo. Toda persona mayor de 18 años tiene capacidad de obrar todo aquello que permite la ley, excepto si no puede gobernarse o está mentalmente incapacitada. Pero eso lo debe decidir un juez mediante un procedimiento de incapacitación».
Fuentes municipales aseguran que el Institut Municipal de Serveis Socials «está realizando todo lo que está en sus manos para ayudar y poner soluciones a esta evidente situación de vulnerabilidad. Ante la negativa de ser ayudado por los servicios sociales, se pone el caso en manos de los agentes judiciales que han de determinar una posible actuación de oficio, ya que no se puede pasar por encima de la voluntad de las personas si éstas están capacitadas. El ámbito judicial, pues, ha de determinar su capacitación y si se puede o no actuar desde la administración en su nombre».
¿Cómo funciona el proceso de incapacitación? Zapater explica que lo pueden iniciar los familiares de la persona o la Fiscalía (si no hay parientes o actúa de oficio). El objetivo es, precisa, «proteger a la sociedad de esa persona o a ella de sí misma».
Sigue Zapater: «Una vez que se ha iniciado el proceso de incapacitación, un médico forense debe elaborar un informe médico y psiquiátrico para determinar si es incapaz». El juez toma la decisión en función de dicho informe. El proceso puede durar meses, pero Zapater aventura que serán unos cuatro meses. Mientras tanto, no se puede hacer nada.
«Es un caso difícil de resolver. La sociedad ha producido la injusticia de que ese hombre esté en la calle. Y además le genera un cargo de conciencia», dice Zapater. Concluye que si finalmente es declarado incapaz, se nombrará un tutor, normalmente una institución, que decidirá «como si este señor fuera un menor de edad».
Al menos hasta el momento, Arturo no ha hecho daño a nadie por lo que, en teoría, no supone un peligro para la sociedad. Los vecinos y comerciantes se quejan de que se hace sus necesidades encima en plena calle y de que da una pésima imagen a la zona. Algunas personas le dan alimentos o un cigarro. Según el consistorio, la concejal de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzmán, se reunirá en breve con los vecinos.
La actuación de Creu Roja
A Arturo le conocen desde hace tiempo los servicios sociales. También Creu Roja. Fuentes de la entidad humanitaria explican que «nosotros le hemos dado alimentos y productos de primera necesidad en alguna ocasión, con el dispositivo que sale los domingos a hacer ruta por Tarragona para atender a las personas sin techo. Al Centro de Día de Creu Roja solo ha venido un par de veces porque un compañero suyo lo llevó un poco a regañadientes. Es un caso complicado y por regla general no quiere ayuda».
El precedente de Mónica
Antoni Coll, impulsor de una entidad que ayuda a los sin techo, la Fundació Bonanit, recuerda el precedente de Mónica, otra sin techo que estuvo viviendo durante meses en un rincón del Parc de la Ciutat sin apenas moverse.
Una y otra vez, Bonanit intentó ayudar a Mónica para que fuese a residir a una pensión, pero la mujer no quiso. Coll habló con el fiscal y el presidente de la Audiencia para agilizar el proceso judicial de incapacitación, pero la Justicia fue lenta. Muy lenta. Al final, Mónica, enferma de cáncer, falleció, cuidada y mimada, en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.
La historia no debe repetirse. ¿Cómo ayudamos a Arturo?
