El esperado traslado del Centre Penitenciari Obert (CPO) al entorno del Hospital Joan XXIII deja libre el inmueble de la antigua prisión para que la Generalitat lo reserve para centralizar allí todas sus veinte sedes territoriales. De hecho, la Delegació del Govern del Camp de Tarragona, liderada por Àngel Xifré (ERC), ya ha pedido tanda a los servicios centrales del Govern para poner en cola la construcción del esperado edificio que unifique todas las veinte delegaciones autonómicas en la ciudad y permita, asimismo, ahorrarse los más de 3,5 millones de euros que paga anualmente en alquileres.
«Será bueno para el administrado tener una referencia y no tener que preguntar cada vez dónde está una sede de la Generalitat. Tenemos la voluntad para tirarlo hacia adelante e impulsar el plan funcional», indica Àngel Xifré, quien reconoce que se trata de un plan «a medio plazo».
En marcha desde 2010
De hecho, el planning de la Generalitat para unificar sedes territoriales en un mismo edificio empezaron hace tiempo, durante el Govern Tripartit. Así, en 2010, el entonces President Montilla (PSC) inauguró el primer inmueble, en Girona, de 34.000 metros. Posteriormente, en 2017, Carles Puigdemont (Junts) dio el pistoletazo de salida a la sede única de las Terres de l’Ebre, en Tortosa, tras una inversión de 14,8 millones de euros.
Actualmente, la tercera fase del planning se centra en la Catalunya Central, donde se impulsa la construcción de un edificio en Manresa por un montante de 20,6 millones de euros. Una vez esté listo el proyecto del Bages, el siguiente de la lista es Lleida, que se espera que cuente con el nuevo equipamiento de 21.000 metros cuadrados en 2029. Será entonces cuando podría llegar el momento de Tarragona. Según los cálculos del Govern, se necesitarán unos 30.000 metros cuadrados para dar cabida a unos 900 empleados. Para financiar esta operación el Govern valora vender inmuebles, como los que tiene en la calle Sant Francesc. El objetivo es situar a Tarragona en el mapa y acabar con la actual diversificación de sedes que complican la gestión administrativa a los ciudadanos.