De las 337 inspecciones que ha realizado la Guàrdia Urbana de Tarragona en las terrazas de bares y restaurantes de la ciudad durante el 2022 y lo que llevamos de 2023, casi la mitad, 144, han acabado en denuncia y sanción. 108 han sido por ocupar más espacio de lo debido, o por tener cartelería y totems en lugares donde no estaba permitido. Las 36 denuncias restantes son por infracciones de horario. Es decir, que cierran más tarde de lo que la normativa establece.
Estos datos demuestran la complicada relación que hay entre el sector de la restauración y la administración local. «En mi caso, ya me han revisado la terraza dos o tres veces en lo que llevamos de año. Y lo peor de todo, es que vienen a medir la terraza cuando el bar está cerrado», explica Maribel Rubio, propietaria de un establecimiento de la calle Reding, y portavoz de la Associació de Restauradors Més Mercats.
Rubio asegura que el sector de la restauración se siente perseguido por la administración. «Estamos en el ojo del huracán. Parece que en esta legislatura solo exista el POUM y las terrazas», dice Rubio, quien añade que «lo único que nos queda en la ciudad es el ocio y el turismo. Si nos hacen la vida imposible, acabaremos cerrando. Quieren una ciudad muerta».
Cuando terminaron las restricciones por la pandemia, la Guàrdia Urbana se comprometió a tener un papel fundamental para ordenar la ocupación de la vía pública. Y es que, durante la Covid, el Ayuntamiento fue más flexible de lo normal, dejando ampliar terrazas e incluso dejando poner mesas y sillas a establecimientos que no tenían licencia. Lo hicieron para contrarrestar las restricciones que pusieron las autoridades sanitarias.
El sector de la restauración asegura sentirse «perseguido, en el ojo del huracán»
Una vez terminado este período, el Ayuntamiento encargó a la Guàrdia Urbana inspeccionar algunas de las zonas más problemáticas en materia de ocupación de la vía pública. Primero, en tono informativo, para pasar después a las sanciones.
Lo único en lo que están de acuerdo los empresarios del sector con el Ayuntamiento es con la necesidad de tener una normativa que unifique criterios para que las condiciones sean para todos igual. Y es que, desde que terminaron las restricciones de la pandemia hasta ahora, el Consistorio ha ido regulando la ocupación de la vía pública a golpe de decretazo. A finales del año pasado, y bajo la presión de algunos partidos políticos, el gobierno tomó la decisión de reanudar la comisión de trabajo para elaborar una nueva ordenanza de terrazas.
El último paso del Ayuntamiento ha sido poner en marcha una consulta pública participativa para que, tanto la ciudadanía como los restauradores, puedan decir la suya. La consulta estuvo activa hasta el pasado 1 de abril, cuando se cerró el plazo para responder las preguntas.
Según asegura que el Ayuntamiento, en los próximos días darán a conocer los resultados obtenidos. El objetivo es utilizarlos para poder redactar una ordenanza que procure por la convivencia entre terrazas y vecinos.