En la ciudad de Tarragona hay casi tantos alumnos estudiando en centros concertados como en públicos. Son el 45% en Educación Infantil, el 46% en primaria y el 44% en la ESO, según los datos dados a conocer hace unos días en el informe de escolarización en la ciudad.
El caso de Tarragona, sin embargo, no es muy diferente del de otras ciudades. Según el informe ‘La concertada a debate’, elaborado por la Fundació Jaume Bofill, actualmente el 31,5% de los alumnos dentro de la etapa obligatoria en Catalunya estudia en la concertada, aunque el porcentaje se eleva en las ciudades. En Barcelona llega al 54,4%.
El informe desvela, además, que Catalunya se encuentra entre los siete sistemas educativos de la OCDE con un mayor peso de la educación concertada. El dato viene a cuento porque, según el estudio, la investigación internacional demuestra que los modelos de provisión mixta (pública y privada subvencionada) tienden a aumentar la segregación escolar y las desigualdades educativas.
La pública se hace cargo
Adrián Zancajo, investigador del grup de recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) de la UAB y uno de los autores del informe, explica que la intención era poner sobre la mesa los datos objetivos que demostraban las desigualdades entre los alumnos que se escolarizan entre unos y otros centros.
Para muestra, un botón: en la educación infantil de 2º ciclo y primaria, el sector público matricula 2,1 veces más alumnado extranjero, 1,6 veces más alumnado con necesidades educativas de soporte educativo y 4,2 veces más alumnado de bajo nivel socioeconómico.
En el conjunto de Catalunya la escuela pública representa el 66% de la matrícula pero escolariza al 84% de los alumnos con beca comedor.
Lo que resulta más difícil, reconoce Zancajo, es saber cuál es el peso de los factores que originan esas desigualdades, «porque la concertada es muy diversa», advierte.
Está claro, eso sí, que las cuotas que cobran las escuelas concertadas «juegan un papel importante, buscado o no, en la exclusión, lo que genera una barrera de entrada para las familias que no se las pueden permitir. «Pueden decir que las cuotas son voluntarias, pero si no pueden ir a las mismas actividades que sus compañeros esos alumnos se sienten excluidos», ejemplifica.
En algunos casos, además, especialmente en las escuelas concertadas ubicadas en zonas con mayor nivel socioeconómico (cita el ejemplo de Barcelona), las cuotas son también un «modelo de distinción social» y presentan el hecho de tener alumnos de una condición más favorecida como parte de su oferta educativa.
Hay, además, un condicionante geográfico: a mayor tamaño del municipio, más concertada. En los datos usados para el estudio (curso 2019-2020) en el conjunto de Catalunya el porcentaje de alumnos en la concertada en los municipios de menos de 10.000 habitantes era del 2,6% y del 40% en los de más de 100.000 habitantes.
No obstante, tal como muestran los datos pueblo a pueblo en la demarcación de Tarragona, hay municipios pequeños con una oferta concertada especialmente alta, como L’Arboç (5.625 habitantes), donde ese año el 70,8% iban a la concertada.
El informe concluye que «no es posible avanzar hacia los objetivos de equidad y calidad del sistema educativo sin una adecuada regulación del sector concertado». Y pide, entre otros, «que se condicione la financiación pública de los centros concertados a su corresponsabilidad en la lucha contra la segregación escolar y en la progresiva eliminación de cuotas y contribuciones familiares».
Aclaran también que «los convenios internacionales reconocen la obligación por parte de los estados de garantizar la libertad de educación, pero este derecho no comporta necesariamente la obligación por parte del Estado de financiar la educación privada. Los conciertos no son una subvención a una actividad educativa, sino un contrato entre la administración educativa y las escuelas concertadas por la provisión de un servicio público».
TGN: cambia la distribución
En el caso de la ciudad de Tarragona, no obstante, la distribución de los alumnos con necesidades socioeconómicas deberá comenzar a cambiar en breve. Este año, sin ir más lejos, se ha hecho un importante esfuerzo para detectar a los alumnos que tienen una situación socioeconómica o cultural desfavorecida antes de que entren en el sistema. En total se encontró que son el 22% de los que han entrado en P3.
Jessica Casas, representante municipal en la Comisión de Garantías Admisión, explica que se trató de un trabajo en el que participaron desde Serveis Socials, cruzando los datos de sus usuarios con niños en edad de comenzar las escuela, hasta los EAP (equips d’assessorament i orientació psicopedagògic) de los centros, entre otros.
Gracias a esta detección se hizo una reserva de plazas por zonas escolares de proximidad de los alumnos independientemente de si los centros de la zona eran públicos o concertados. La respuesta a esta nueva forma de distribución fue positiva, «todos pusieron de su parte», señala.
El concejal de educación, Manel Castaño, agradece el esfuerzo y destaca que este cambio en la manera de distribuir a los alumnos de una manera más equilibrada ha sido posible «gracias al trabajo y a la coordinación entre la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Tarragona». Asegura que «desde el IMET, y en el marco del Observatorio por la Equidad del Consejo Escolar Municipal, continuaremos incentivando medidas que reviertan en una mayor cohesión social y éxito educativo del alumnado, siempre, con la complicidad de todos los centros de la ciudad».
«Nunca hemos cerrado la puerta»
Pablo Muñoz es director de la Escola Sant Pau e interlocutor de las escuelas concertadas de la ciudad. Señala sobre el informe que «los números aguantan todo, pero hay que ir al fondo de la cuestión». En el caso de la ciudad de Tarragona cree que hay que tener muy en cuenta el peso que tiene el trazado urbanístico en la segregación del alumnado y señala que también hay escuelas públicas donde la diversidad es mínima.
Muñoz reconoce que el cobro de cuotas es un factor que persuade a algunas familias, pero a la par apunta que, sin esas cuotas la concertada no sobreviviría. El propio informe reconoce que «el actual financiamiento del sector concertado no permite cubrir los gastos básicos de la actividad educativa de las escuelas». La financiación pública supone el 55% de los ingresos de los centros concertados y las cuotas de las familias, el 40%, señalan.
Lo que sí asegura Muñoz es que las concertadas de la ciudad nunca han puesto problemas a las familias con necesidades socioeconómicas, «al contrario, si nos las asignan, ayudaremos en lo que haga falta».
Respecto a la asignación que se ha hecho este año en P3, recuerda que el Departament d’Educació anunció que se asignaría una «mochila económica» a los alumnos con especial vulnerabilidad que fueran a la concertada, pero todavía no ha llegado. Con todo, confían en que la recibirán. «Es de agradecer que el Departament haga ese esfuerzo económico, esto nos ayudará a respirar», apunta. Y es que el actual está siendo un curso especialmente complicado en lo económico por los precios de la luz y los materiales «y todavía no hemos puesto la calefacción», lamenta.
La matrícula en la demarcación de Tarragona:
Municipios con más alumnos en la escuela concertada en educación infantil y primaria (curso 19-20)
l L’Arboç 70,8 %
l L’Espluga de Francolí 50,5 %
l Tarragona 45,7 %
l Reus 41,8 %
l Móra d’Ebre 38,6 %
Municipios con más alumnos en la escuela concertada en educación secundaria obligatoria (curso 19-20)
l L’Arboç 50,9 %
l Tarragona 47,8 %
l Reus 39,7 %
l Tortosa 30,9 %
l Montblanc 26,1 %
Fuente: Fundació Bofill
