Dos de los grandes cometidos a los que el próximo ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse en la demarcación de Tarragona en materia de carreteras son, por una parte, la finalización de la A-27 y su conexión con la AP-2 y, por otra, la cesión de quince kilómetros de las carreteras N-340 y T-11 al Ayuntamiento de Tarragona. Un traspaso que irá acompañado de obras de adecuación y humanización.
La conexión de la A-27 con la autopista
El pasado 23 de octubre, se produjo un suceso durante años esperado en el interior del Camp de Tarragona: la inauguración del túnel del Coll de Lilla, que reduce en unos ocho minutos el trayecto entre Montblanc y Tarragona.
No obstante, fue una puesta en escena marcada por el siguiente paso: falta completar la A-27 con la conexión a la AP-2. La ministra en funciones de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, expresó que está trabajándose en ello. El Mitma ya licitó, por unos seis millones de euros, las actuaciones complementarias a la conexión de la A-27 con la N-240 y otras obras en el tramo Valls-Montblanc.
El de la AP-2 es un enlace muy reclamado por el territorio y que supone uno de los deberes para el nuevo Gobierno, ya que el hecho de que el tramo no esté acabado al completo puede generar un cuello de botella en las dos nuevas rotondas en las que actualmente desemboca el nuevo trazado.
Las carreteras y la tabacalera en Tarragona
En un principio, el traspaso de carreteras entre el Estado y el Ayuntamiento de Tarragona debía firmarse el pasado verano, según se extrajo de la visita en junio del delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. Sin embargo, el hecho de que aún no se haya producido no supone un obstáculo para que el proceso siga su camino.
El acuerdo alcanzado fija que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) cederá a la ciudad quince kilómetros de las carreteras N-340 y T-11 y realizará una serie de inversiones estimadas en unos trece millones de euros.
También se verá qué pasa con la Tabacalera, que será otro de los puntos a resolver durante la próxima legislatura. Una de las opciones que se barajó en el anterior mandato municipal es la de trasladar allí la Biblioteca Pública, que actualmente se ubica en la calle Fortuny, cuyo edificio es propiedad del Estado.
