La Junta de Govern de mañana tiene previsto aprobar inicialmente el proyecto de urbanización del Pla Parcial 1, que afecta a los terrenos situados en la Avinguda d’Andorra con la carretera de Valls (N-240). Esto supone un nuevo paso en la tramitación administrativa de un plan, cuya primera aprobación fue en el año 1986, y que permitirá la construcción de 333 viviendas, además de un nuevo parking disuasorio en esta entrada de la ciudad.
El gobierno hará esta aprobación inicial a la espera de que la Junta de Compensació del PP1 acabe de presentar algunos de los informes pendientes, como es el caso del de la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya. Asimismo, antes de la aprobación definitiva, los propietarios deberán tener en cuenta algunas consideraciones. Estas son en base a los informes realizados por el departamento municipal de Medi Ambient y de Enginyeria Industrial, y afectan a cuestiones como la acústica y el alumbrado público de los viales.
Por el contrario, tanto Protecció Civil, como Neteja y Ematsa han dado luz verde al proyecto, que a partir de esta aprobación inicial entrará en fase de exposición pública, en el que podrán presentarse alegaciones, por un periodo de un mes. A partir de ahí, y ya con todos los informes preceptivos favorables, tan solo faltará el proyecto de reparcelación para que puedan ponerse en marcha las obras.
En concreto, esta nueva zona residencial comprende una superficie de 62.587,32 metros cuadrados divididos en dos ámbitos, que están atravesados por el ramal de acceso a la A-7 correspondiente a la Avinguda Catalunya. Uno de estos sectores, que es el más amplio, es el que queda junto a la carretera de Valls y comprende la zona conocida como Quatre Garrofers. El segundo subsector afecta los terrenos ubicados al otro lado del vial de acceso a la autovía, detrás de la zona de viviendas donde hay la Asepeyo, hasta el Campus Catalunya.
Mejorar una entrada
La urbanización de este entorno permitirá generar un nuevo parking disuasorio, con una superficie aproximada de 2.476 metros cuadrados. Esto se traducirá en una capacidad para entre 180 y 200 vehículos en una de las entradas de la ciudad en las que ahora ya aparca mucha gente, de forma no regulada. El espacio estaba condenado a desaparecer cuando los propietarios de los terrenos iniciaran la urbanización. No obstante, la Junta de Compensació del PP1 y el Ayuntamiento de Tarragona negociaron una modificación en el proyecto para incluir esta opción.
Finalmente, la urbanización de esta superficie deberá permitir adecentar una acera para las personas que todos los días pasan caminando por este entorno y que ahora no disponen de un vial en condiciones.
¿Deben revisarse los costes de las obras del PP10?
El pleno del próximo viernes –que será el último de este mandato– votará una propuesta para desestimar una revisión al alza de los costes de urbanización del Pla Parcial 10. Esta la solicita la empresa adjudicataria, que es la UTE formada por las empresas Comsa y Rogasa, en base a un contrato por valor de 13,8 millones de euros.
La adjudicataria y el Ayuntamiento formalizaron el contrato de obras el 11 de marzo de 2020 y tres días más tarde se declaró el estado de alarma por la Covid-19. La constructora solicita la suma de 1.052.368,51 euros adicionales (IVA no incluido) para hacer frente al incremento de costes durante la vigencia del contrato.