El Consejo de Ministros, en su sesión de este lunes, ha dado luz verde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar un contrato de servicios dedicado a la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Tarragona.
Este contrato, con un valor estimado de 13,9 millones de euros (sin IVA), tendrá una duración de tres años, con la posibilidad de prorrogarse por dos años adicionales y una extensión final de hasta nueve meses.
Este proyecto es parte del programa de conservación de la Red de Carreteras del Estado (RCE) del Ministerio, y busca mantener las condiciones óptimas de circulación, vialidad y seguridad para los ciudadanos. Los trabajos abarcarán el mantenimiento de 107 kilómetros de carreteras, principalmente en la N-420 desde el límite con Teruel hasta Reus, y en varios tramos de la N-420A, todos dentro del sector nº3 de Tarragona.
Un modelo de conservación mixto y eficiente
El contrato sigue el modelo de conservación y explotación mixto, que incluye tanto servicios como obras, para asegurar un mantenimiento integral de las carreteras y mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos. Este modelo permite realizar actividades de conservación ordinaria y asistencia a la vialidad, incluyendo el mantenimiento de elementos viales, estudios de seguridad, y una agenda de información y programación de los estados de la carretera.
En línea con la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, el contrato introduce varias novedades desde 2022, como el fomento del autoconsumo y el uso de energías renovables en instalaciones de servicio, además de vehículos eléctricos y sistemas de iluminación eficiente. Desde 2023, se han añadido también criterios para compensar la huella de carbono, donde las empresas participantes podrán presentar planes de descarbonización que apunten a un balance neutro de carbono en cinco años. La compensación de emisiones podrá llevarse a cabo mediante proyectos registrados en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Con estas medidas, el Ministerio de Transportes espera reducir las 71.640 toneladas de CO₂ anuales asociadas a la operación y mantenimiento de la red vial y alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para avanzar hacia una movilidad más sostenible y segura.