El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, no aprecia indicios de delito por parte de la exconcejal de ERC Paula Varas y la vicesecretaria general del Ayuntamiento de Tarragona, Núria Pallarès, en la querella presentada en 2022 por el exasesor del exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC), Josep Maria Bonet, por una presunta «suplantación y usurpación de identidad» en los pagos de unos impuestos en Tarragona Ràdio.
Así lo resuelve el juez en un auto firmado este viernes, al que ha tenido acceso el Diari. Los hechos se remontan al verano del 2020 –durante lo peor de la pandemia– cuando Bonet, que fue destituido como gerente de la empresa local en junio de 2019, tuvo conocimiento por parte de la Agencia Tributaria de que su firma digital había sido usada para pagar tres tributos pese a que él ya no era responsable del ente dependiente del consistorio.
Tras saber que sus poderes no habían sido revocados y de que se había usado su identidad digital cuando él ya no formaba parte de la compañía pública, Bonet remitió un burofax a las investigadas en las que les informaba que tenía «indicios suficientes» del uso «no consentido» de su certificado digital.
Sin embargo, se da el caso de que el excargo socialista no presentó la querella hasta marzo 2022, poco después de que la empresa presidida entonces por la exconcejal republicana Paula Varas llevara ante la Fiscalía un informe externo en el que se aseguraba que 250 pagos por valor de más de 800.000 euros realizados por la compañía entre los años 2009 y 2019 durante el gobierno del PSC podrían ser, en realidad, «subvenciones encubiertas» y «pagos fantasmas o injustificados» a entidades, empresas y restaurantes.
«No hay ningún daño real»
En el auto notificado este viernes, el magistrado considera que, tras tomar declaración a las investigadas, al querellante y a varios trabajadores de Tarragona Ràdio, «no concurren los elementos de delito», ya que «a pesar de que la conducta –usar una identidad digital sin permiso– formalmente «pudiera tener encaje» en la redacción del delito, en realidad los hechos «no tienen suficiente entidad».
Según el juez, una de las claves del asunto es que el documento que se presentó ante la Agencia Tributaria «era real en todos sus elementos», que «venía firmado y autorizado» y que «lo único que no era correcto es que la firma se hizo con el certificado digital del anterior gerente», que estaba instalada «como reconoce el querellante» en el ordenador de otra persona».
El juez afirma que Paula Varas y Núria Pallarès «no tenían voluntad» de falsear documentos
A juicio del magistrado, la firma del documento «no es un elemento esencial que afecte a la normal eficacia», ya que «no era falso», por lo que «su efectividad no se vio comprometida». En este punto, además, el juez recalca que, según palabras del propio Josep Maria Bonet en su declaración, los hechos «no le han causado ningún perjuicio real o económico», aunque sí «a nivel jurídico, personal y emocional».
«Sin voluntad de falsear»
En su auto, la magistrada considera que, durante la investigación de los hechos, «no queda acreditado que las investigadas –Paula Varas y Núria Pallarès– tuvieran la conciencia y la voluntad de falsear el documento», ya que «no existe ningún indicio al respecto». «Es más, ni siquiera ha quedado acreditado que las investigadas tuvieran conocimiento real de que se estuviera utilizando el certificado digital del querellante», detalla el juez.
Sobre el burofax enviado por Bonet en julio de 2020, el magistrado afirma que «no acredita de ningún modo que las investigadas tuviesen conocimiento del uso del certificado en la fecha de la presentación de las declaraciones de impuestos –en octubre del 2019 y enero del 2020–». Es más, sobre ello, el juez destaca que, una vez recibido el burofax, «se revocaron los poderes y así se le notificó al querellante, lo cual deja patente la falta de intención de falsear la documentación».
Asimismo, el juez da un tirón de orejas a una de las testigos, Judit Espinosa–, quien afirmó en su declaración «haber enviado un mail» a la vicesecretaria general del Ayuntamiento, Núria Pallarès, para «quedarse tranquila». En esa notificación habría alertado a la alta funcionaria de que la presentación del impuesto del IRPF «tenía la firma de Bonet».
Sobre ello, el magistrado asegura que «el correo electrónico en cuestión no ha sido aportado» y que «habiendo transcurrido varios meses desde la declaración, la parte querellante podría haberlo aportado pero, sin embargo, no lo ha hecho». Por ello, ahora opta por cerrar provisionalmente una de las varias carpetas que en el pasado mandato hizo saltar chispas en el divorcio entre ERC y PSC en la Plaça de la Font.
