Nuevo episodio en el laberinto en el que se está convirtiendo la tramitación del nuevo contrato de la basura del Ayuntamiento de Tarragona, ahora paralizado a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por la demanda presentada por GBI Paprec, excluida del proceso por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Según ha podido contrastar el Diari, los partidos con representación en el pleno de la Plaça de la Font (PSC, ERC, PP, Junts, Vox y En Comú Podem) recibieron ayer por la tarde un sobre anónimo en sus despachos de la Plaça de la Font. En su interior contenía un microrelato de seis páginas en el que la gran protagonista es la Cap de Serveis Públics de la administración municipal, Lídia Bartra.
Presunto espionaje
En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, se relata la llegada al consistorio de la ahora funcionaria, así como su pasado en la empresa FCC, que es la que en la actualidad todavía presta en calidad de continuidad el servicio público de limpieza y recogida de la basura.
Los grupos reciben un sobre con un relato sobre la tramitación del polémico contrato
En el relato se detalla la relación entre Bartra y el director de Recursos Humans del Ayuntamiento –Néstor Cañete, que llegó al Ayuntamiento con el gobierno de Josep Fèlix Ballesteros (PSC)–, el exconcejal encargado de la tramitación del contrato de la basura, Jordi fortuny (ERC), y el actual alcalde, Rubén Viñuales (PSC).
Ya en la parte final se explican los últimos episodios que han salido a la luz pública, como el presunto espionaje al móvil de Bartra y al alcalde Viñuales, que finalmente no fue tal. Y también se pone sobre la mesa la amistad de la alta funcionaria municipal encargada de la tramitación del contrato de la basura con Rafael Sans, persona muy vinculada a ERC al ser padre de la vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, y, presuntamente según el texto anónimo, cercano a dirigentes de la ganadora del concurso, GBI Paprec.
