El Ayuntamiento de Altafulla ha respondido públicamente al de Tarragona después de que este presentara este miércoles sus alegaciones a la propuesta altafullense de anexionarse los terrenos de 70 hectáreas de El Vinyet, que actualmente pertenecen al término municipal tarraconense.
Después de que el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), dijera que «no hay ningún motivo» para que se produzca el cambio, el gobierno de Alba Muntadas (L’EINA-ERC) y Jordi Molinera (L’EINA-ERC) ha manifestado este jueves que «tiene todo el sentido del mundo, ya que geográficamente hablando, el territorio acaba en el riu Gaià, que es lo que se reclama», ha expresado Muntadas.
«Lo que no tiene sentido es que el plan de gestión de nuestras playas se detenga en el club marítimo y, por eso, también contemplamos la zona de El Vinyet [que es la que ahora está en disputa]», ha añadido.
«Tiene todo el sentido del mundo, ya que geográficamente hablando, el territorio acaba en el riu Gaià, que es lo que se reclama», Alba Muntadas, coalcaldesa de Altafulla
La coalcaldesa ha puesto otros ejemplos, como el de la estación: «Es la Estación de Altafulla, que es quien paga las facturas de alquiler del solar, y, paradójicamente, es el término municipal de Tarragona». «Cuando Endesa puso en subasta los terrenos de El Vinyet y había algún interés especulador detrás, fue el Ayuntamiento de Altafulla uno de los que presionó para que acabara siendo un espacio natural», ha recordado.
El «sentido común» es el motivo que argumenta el consistorio altafullense para justificar la propuesta de anexión. En esta línea, Viñuales argumentó que ya se había firmado un acuerdo de delimitación de términos en el año 2013, bajo la alcaldía de Fèlix Alonso (Alternativa Altafulla en aquel momento), con el propio Jordi Molinera como concejal de Urbanisme.
«Es la Estación de Altafulla, que es quien paga las facturas de alquiler del solar, y, paradójicamente, es el término municipal de Tarragona», Alba Muntadas, coalcaldesa de Altafulla
El actual coalcalde de Altafulla ha puesto de manifiesto que «ese acuerdo arreglaba un problema que a día de hoy no está del todo solucionado: había propiedades que tenían, por ejemplo, el 90% del territorio en el término municipal de Tarragona y el 10% en el de Altafulla».
«Ya en esa reunión se sacó el tema, de hecho, los técnicos de la Generalitat del momento nos lo recomendaron; el gobierno de aquel momento no vio conveniente impulsarlo, y ahora que hay otra alcaldía, sí que es un proyecto que tenemos en mente desde el primer día, básicamente para dar un mejor servicio a la ciudadanía», ha justificado.
El tema de los servicios también ha sido motivo de debate durante las últimas horas. El consistorio altafullense expuso que prestaba en esta zona algunos como la recogida de basuras, la seguridad o el abastecimiento de agua. Viñuales destacó que «el Ayuntamiento de Altafulla no tiene competencias para hacerlo» y que, por lo tanto, dichos actos se consideran nulos.
«Queremos gestionar un territorio que, de facto, ya estamos gestionando; de hecho, el alcalde Viñuales comentó que la Guàrdia Urbana de Tarragona había actuado 240 veces en la zona en los tres últimos años, mientras que la nuestra lo hizo en 300 ocasiones solo el año pasado porque a quien llama la gente es a la Policia Local de Altafulla», ha respondido el coalcalde.
En el caso de que, finalmente la Comissió de Delimitació Territorial acepte la modificación, Altafulla ha descartado ir más allá
En este sentido, se ha cuestionado el tema de la nulidad de las actuaciones: «¿Qué hacemos? ¿Ordenamos a nuestra policía que no actúe ante un problema? ¿Cortamos el agua a la gente? ¿Dejamos de recoger basuras? Por responsabilidad, Altafulla no lo hará, ya que, los vecinos nos llaman a nosotros pensando que son del pueblo».
Una cuarentena de propietarios
En total, según Molinera, son una cuarentena de personas las que tienen propiedades en estos territorios, una decena de las cuales «han presentado alegaciones en positivo». «La respuesta ciudadana es buena», ha apuntado. El consistorio se ha puesto en contacto con los vecinos por teléfono, a través de cartas y en una página web.
«¿Qué hacemos? ¿Ordenamos a nuestra policía que no actúe ante un problema? ¿Cortamos el agua a la gente? ¿Dejamos de recoger basuras?», Jordi Molinera, coalcalde de Altafulla
Las alegaciones de Tarragona también se centraban en el ámbito ciudadano. Concretamente, apuntaban que «no hay motivos históricos» para el cambio de límites y que la ciudadanía de Tamarit siempre había querido unirse a Tarragona, no a Altafulla.
Sobre esa razón, el coalcalde pidió al gobierno tarraconense «que viva en el año 2024 porque en los años cincuenta no existía ni la gasolinera, ni el bufé, ni muchas de las casas».
¿Qué pasaría si hay luz verde?
En el caso de que, finalmente la Comissió de Delimitació Territorial acepte la modificación, Molinera ha descartado ir más allá: «El objetivo de este gobierno es que el río sea el límite y no llegaremos más lejos, pero sí pedimos al Ayuntamiento de Tarragona que no utilice este tema como cortina de humo para sus propios problemas».
«Invitamos a Viñuales a que venga a Altafulla, ya que nos han anulado dos reuniones en Tarragona», Jordi Molinera, coalcalde de Altafulla
Por este motivo, el coalcalde instó al consistorio tarraconense a reunirse: «Invitamos a Viñuales a que venga a Altafulla, ya que nos han anulado dos reuniones en Tarragona».
De hecho, el alcalde tarraconense denunció que Molinera había tomado «una vía de falta de respeto institucional» y que había transmitido a la prensa las intenciones del municipio antes de reunirse con el Ayuntamiento de Tarragona.
Muntadas respondió argumentando que «quien ha faltado al respeto ha sido él, que se ha mofado de la propuesta».
El próximo 10 de junio acaba el plazo para presentar alegaciones –Consell Comarcal y Diputació tendrán sesenta días más– y, posteriormente, será necesario un acuerdo por mayoría absoluta del consistorio altafullense para que el expediente acabe en la Generalitat.
Será la Comissió de Delimitació Territorial la que tenga la última palabra. Estará formada por ocho representantes de la Administración de la Generalitat, ocho de entidades locales, tres de las universidades catalanas, uno del Col·legi de Geògrafs y uno del Institut d’Estudis Catalans.