Las demandas de 279 empresas del transporte en Tarragona están ya en el único juzgado mercantil de la provincia, donde han ido a parar las reclamaciones de buena parte del sector que ha sido víctima del llamado ‘cártel de los camiones’, una trama de grandes fabricantes que operó en Europa entre 1997 y 2011 y que ha dejado tras de sí un reguero extenso de afectados en la demarcación.
Los casos empezaron a entrar en el juzgado tarraconense el pasado mes de febrero y aún quedan alrededor de 20 en incorporarse en unos procedimientos que esperan para los próximos meses los señalamientos de vistas previas y posteriormente de juicios. «El juzgado de Tarragona va un poco saturado, es el que más lento va de Catalunya», admite Pedro González, abogado de CCS (Caamaño, Concheiro & Seoane), el bufete de letrados que ha aglutinado la mayor parte de estos asuntos en Tarragona. Fue escogido por las principales asociaciones de profesionales, entre ellas la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), para representar a los afectados, aunque hay otros despachos que también llevan casos.
Otros datos confirman la magnitud de esta afectación. Hay abiertos 419 expedientes de reclamación (se inician en función de la marca afectada) y se han puesto 160 demandas. Hay menos que empresas que denuncian porque a veces la demanda incluye un número de camiones por razón de economía procesal. Hay, por tanto, cinco camiones por demanda de media. Otro dato esclarecedor: hay reclamaciones por 1.175 camiones afectados, vehículos que se compraron en la provincia y que formaron parte de esa red de firmas en las se infringieron reglas de la competencia. El 80% de esas demandas están admitidas a trámite.
Algunos transportistas de Tarragona reclaman por la compra ‘hinchada’ de hasta 70 camionesDentro de esos reclamantes hay tanto grandes empresas como autónomos que trabajan en el transporte. Incluso hay alguna compañía tarraconense que tiene hasta 70 camiones afectados, por los que pagó un sobrecoste durante los 14 años en los que se prolongó el entramado. «Estamos pendientes de que a partir de diciembre tengamos en España los primeros juicios, al menos de los casos que llevamos nosotros. Estamos viendo que las marcas están utilizando estrategias dilatorias para prolongar en el tiempo las causas», explica Pedro González.
El inicio del caso se remonta a 2016, cuando la Comisión Europea anunció la imposición de una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis principales fabricantes de camiones: DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN.
Gigantes que fijaron precios
Bruselas impuso esa sanción por haber pactado los precios de venta de los camiones, haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de esos mecanismos. Además de fijar los costes, endosaron en los clientes los precios del cumplimiento de las normativas de emisiones más estrictas de la UE. En los encuentros entre compañías, que se realizaban varias veces al año, se discutían y en ocasiones se acordaban aumentos de precios.
Más allá de la imposición de esa histórica amonestación, la penalización abrió la vía para interponer demandas por parte de aquellos empresarios que compraron algún vehículo durante la época en la que se prolongaron los acuerdos. Es difícil cuantificar las cantidades a las que las empresas afectadas de la provincia tendrían derecho. Desde el despacho CCS, los modelos econométricos empleados para hacer una proyección hablan de un 16,35% medio de sobrecoste a lo largo de los años. «A esa cifra habría que añadirle el impacto financiero. El sobrecoste no fue siempre el mismo, sino que aumentó de manera gradual», indica Pedro González.
«No podemos tolerar este tipo de prácticas. Queda mucho trabajo por delante aún» , dice Josep Lluís Aymat, director de la FEATEl sector del transporte en Tarragona lleva tiempo trabajando en estos procesos, como indica Josep Lluís Aymat, director de la Federació d’Autotransport de Tarragona (FEAT): «La situación es diferente en función del juzgado. Ahora las empresas tienen que demostrar cuál es el perjuicio para acceder a unas indemnizaciones que, en global, pueden llegar a los 20.000 millones». Aymat recalca que, pese a que hay que demostrar ahora los daños, «está claro que el cártel existió y funcionó. Estas marcas pactaron condiciones para cobrar unos determinados precios a los clientes».
Un caso muy complejo
El caso es tremendamente complejo. Ahora los demandantes tienen que probar el daño causado aportando pruebas periciales. Esos tests requieren la colaboración de consultores y expertos técnicos, además de meses de trabajo. Aymat apunta a otro inconveniente: «Estas marcas pagaron rápidamente a cambio de que se declarara secreto todo el expediente, por lo que hay que reconstruir todas las pruebas y no se pueden utilizar las investigaciones que se han hecho ya desde el ámbito de la competencia. Así todo está costando mucho más».
El despacho confirma que «en aras del secreto industrial» no se puede acceder a la documentación que derivó en el castigo. «Estamos trabajando con bases de datos alternativas, sin acceder a las tripas de la investigación de la Comisión Europea», reconoce Pedro González. Aymat confía en que la justicia dé salida a las reclamaciones y las empresas afectadas puedan ser indemnizadas: «Hay muchísimo trabajo por delante pero hay que seguir. Este tipo de prácticas no se pueden tolerar».
«El juzgado de Tarragona es el que más lento va de Catalunya. Estamos esperando el primer juicio», admite Pedro González, abogado del bufete CCSEl cártel de los fabricantes de camiones es el más grande hasta la fecha descubierto por los servicios de competencia de la UE. Los fabricantes, a excepción de Scania, reconocieron su implicación en el caso, por lo que el ejecutivo comunitario aceptó reducir un 10% las multas e incluso perdonar totalmente la que recayó sobre MAN, firma que confesó la existencia del pacto.
En el resto de España, empiezan a salir las primeras sentencias. El juzgado de lo mercantil número uno de Pontevedra ha condenado a Iveco Spa, miembro del cártel, a abonar 40.000 euros a una empresa de Meis afectada por sobrecostes en la venta de tres vehículos. Según el despacho vigués Balms Abogados, que ha llevado el caso, se trata de la «primera sentencia firme en España» contra la trama, al no haberse presentado recurso. En lugares como Barcelona, León y Murcia también ha habido sentencias condenatorias.
La llegada de los asuntos al juzgado de lo mercantil de Tarragona, y a los del resto de España, es un paso más en la intrincada andadura en los tribunales. Los fabricantes se han defendido tratando de complicar la labor de los demandantes. De hecho, fue el Tribunal de Justicia de la UE quien confirmó la jurisdicción nacional de los distintos estados miembros para resolver los multimillonarios litigios planteados.
