Los Mossos d’Esquadra han tramitado solo en la primera semana de julio 92 actas de infracción tras 158 inspecciones realizadas a pisos turísticos de Catalunya, especialmente en Barcelona, en el marco de una campaña con la que la policía “pretende combatir las actividades ilegales relacionadas con este tipo de establecimientos”.
La policía catalana informa este sábado en un comunicado que este mes ha iniciado una campaña de inspecciones a pisos de uso turístico que se prolongará todo el verano, “un dispositivo integral”, precisa, con el que también se busca combatir “el incumplimiento de la obligación de registro y comunicación de las personas que se alojan en ellos”.
🏡Engeguem una campanya d’inspeccions a establiments d’habitatges d’ús turístic a tot Catalunya
— Mossos (@mossos) July 20, 2024
🚔Perseguim les activitats il·legals relacionades amb aquests tipus d’establiments i l’incompliment de l’obligació del registre i comunicació de les persones que s’allotgen pic.twitter.com/IU25COWlVO
Las inspecciones, que se enmarcan en su Plan de Seguridad Integral de este verano, se realizan en colaboración con los servicios de inspección turística de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.
“Diversos indicadores -explica la policía- señalan que este año se alcanzarán cifras récord de turistas en Catalunya, superando los más de veinte millones de personas del año pasado, de los cuales un 46% se concentraron en los meses de verano”.
Este año, además, la presencia de turistas se sumará al inicio de las primeras regatas, en agosto, de la Copa América de Vela en Barcelona.
La primera semana de julio se realizaron 158 inspecciones, de las cuales 63 fueron en la Región Metropolitana de Barcelona; 13 en la zona norte del área metropolitana; y 14, en la zona sur.
En el área central de Catalunya se practicaron 15 inspecciones; en el Camp de Tarragona, 11; en el área de Girona, 14; en la zona de Ponent, 7; en el Alt Pirineu y Aran, 11 más, y en las Terres de l’Ebre, 10.
Como consecuencia de estas inspecciones, se levantaron 31 actas de infracción en Barcelona, 13 más en la zona metropolitana norte; 3 en el área metropolitana sur; 4 en la Catalunya central; 11 en el Camp de Tarragona; 10 en Girona; 7 en Ponent; 3 en el Alt Pirineu y Aran, y 10 en las Terres de l’Ebre.
La mayoría de las infracciones, explican los Mossos, corresponden a la falta de la obligada licencia de actividad de vivienda de uso turístico, así como la omisión de las comunicaciones a la policía u otros incumplimientos de normas fijadas en la ley de turismo, como no disponer de rótulos de teléfono de 24 horas de atención al cliente del establecimiento o no tener colocada en el exterior la placa que lo identifica como piso turístico.
En el caso de Barcelona, las inspecciones realizadas junto con el ayuntamiento se han llevado a cabo mayoritariamente en establecimientos denunciados por los propietarios de los pisos o en las viviendas sobre las que se han recibido numerosas quejas de vecinos.
En estas inspecciones se han encontrado casos en los que el inquilino se hacía pasar por un ejecutivo de una empresa o por una persona con recursos para conseguir un contrato de larga duración con el objetivo de subarrendar posteriormente la vivienda a turistas.
En otro caso, un arrendatario realizó obras sin el permiso del propietario para obtener más habitaciones que alquilar por días.
El dispositivo iniciado por los Mossos, destaca el comunicado, trata de combatir también “la creciente picaresca como nueva fuente de negocio, lo que propicia la actividad ilegal, así como el aspecto delictivo de mafias que se dedican a alquilar pisos de larga duración que luego subarriendan como viviendas turísticas falsificando la documentación”.
La policía incide en que, en muchos casos, se da la circunstancia de que estas organizaciones mafiosas realizan obras sin ninguna autorización por parte de los propietarios de los pisos, “sin dejar de lado la conflictividad social y vecinal que generan en las comunidades de vecinos”, puntualiza.
Este sector de la vivienda turística, según la policía, está creciendo “de manera exponencial” y tiene “un alto nivel de incumplimiento” de la norma, “lo que afecta de lleno a la seguridad ciudadana”.
