El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha acordado abrir procedimiento judicial contra el hombre que mató de un puñetazo a otro en las instalaciones de la empresa Plana de Tarragona.
En un principio, los hechos se calificaron como un delito de lesiones agravadas, pero tras la fase de instrucción habría indicios suficientes para calificar los hechos (ocurridos el 4 de octubre) como un delito de homicidio doloso (reflejado en el artículo 138 del código penal).
Esto cambiaría las penas de prisión a las que se enfrenta si termina siendo condenado. Si es homicidio la condena sería de 10 a 15 años y si se calificara como asesinato, la pena iría de 15 a 25, señalan fuentes conocedoras del caso.
Cabe recordar que el pasado viernes 4 de octubre, la víctima sufrió una agresión (un puñetazo en la cara) en las instalaciones del polígono Riu Clar de la empresa de autobuses de Tarragona.
El agresor, un conductor de 47 años, agredió al responsable de recursos humanos de la empresa sin mediar palabra. Éste le iba a entregar una suspensión de trabajo y sueldo por 14 días por una irregularidad en un servicio anterior.
La víctima cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Fue atendido por el SEM, trasladado al hospital Joan XXIII y moría 5 días más tarde tras no superar la gravedad de las lesiones sufridas.
Los Mossos detuvieron al conductor y el juez decretó prisión provisional por un delito de lesiones agravadas. El acusado, de la República Dominicana, ingresó en el Centro Penitenciario de El Catllar.
Apelación del auto de prisión
El próximo martes, día 12, se celebrará la vista en la Audiencia Provincial el recurso de apelación que presentó el abogado del acusado del puñetazo para revocar el auto de prisión.
En su momento, el juez decretó cárcel provisional al entender que había riesgo de fuga del imputado y las penas de prisión a las que se enfrentaba (tanto si fueran lesiones agravadas o homicidio, condenas de 10 a 25 años). Sin embargo, la defensa consideró que el auto no se ajustaba y apeló la decisión del magistrado.
Fuentes conocedoras del caso explican que el acusado es natural de la República Dominicana, con el que España tiene tratado de extradición, pero existe una gran facilidad de cruzar la frontera con el vecino país, Haití (que no tiene este acuerdo entre países), y que ello permitiría una fuga de la Justicia del acusado sin posibilidad de reclamarlo para la vista. Y este riesgo de fuga, explican las mismas fuentes, incrementaría el dolor de la familia de la víctima.