La Guardia Civil, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional dedicada a la venta fraudulenta de animales, con al menos 250 víctimas en toda España, incluidas personas de Tarragona, Barcelona y Girona. La organización habría defraudado más de 150.000 euros y está vinculada a un total de 681 delitos.
En el marco de la operación, denominada Canmoney, se han practicado 12 registros, nueve de ellos en España, incluyendo uno en Badalona, y tres en Colombia. Hay 28 detenidos y 30 personas investigadas. La red operó durante tres años, moviendo más de 35 millones de euros en transacciones de criptomonedas y recaudando más de tres millones en efectivo.
Los delitos atribuidos a los miembros de la organización incluyen 335 casos de estafa, 158 de usurpación de estado civil, 95 de falsificación de documentos, 33 amenazas, 60 de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las investigaciones, que permanecen abiertas, podrían incrementar la lista de delitos.
La red se centraba en la venta ficticia de perros por unos 500 euros, utilizando portales de compraventa. Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados de otras personas afectadas.
Tras recibir el primer pago, los supuestos vendedores exigían un segundo y, en caso de negativa, amenazaban de muerte a las víctimas con mensajes o llamadas telefónicas. Estas amenazas incluían imágenes de armas de fuego para intimidar y forzar el pago adicional, supuestamente para cubrir el transporte del animal.
El dinero recaudado era ingresado en cuentas bancarias y posteriormente convertido en criptomonedas para dificultar su rastreo.
Una red bien organizada
La investigación reveló la implicación del propietario de un locutorio, que actuaba como testaferro en España. Este individuo, junto con su pareja, ingresó cerca de tres millones de euros en cajeros automáticos de diversas localidades del país. Estos fondos eran convertidos en criptomonedas y transferidos a direcciones virtuales para evitar su seguimiento.
La red estaba jerarquizada: los niveles más bajos se encargaban de abrir cuentas bancarias en España y Colombia para recibir los pagos fraudulentos, mientras que los escalones superiores gestionaban las conversiones a criptomonedas y operaban las transacciones desde Colombia y Camerún, donde se encontraban los líderes principales.
En los registros policiales, las autoridades han intervenido teléfonos móviles utilizados para las estafas, vehículos, ordenadores, máquinas contadoras de billetes, dinero en efectivo, criptomonedas, carteras virtuales desconectadas de internet (‘carteras frías’), armas de fuego ilegales y documentación relevante.
La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones ni nuevos delitos.