La Audiencia Provincial de Tarragona ha impuesto a un agente destinado en la Guàrdia Urbana de Tarragona cuando ocurrieron los hechos a dos años de prisión y al pago de una multa de 2.025 euros por haberse quedado con el dinero de las multas. Es el acuerdo de conformidad al que han llegado este viernes el fiscal, el abogado defensor y la acusación particular –Ayuntamiento de Tarragona– antes del juicio, que se tenía que celebrar con un jurado popular.
El acusado era funcionario del Ayuntamiento de Reus. Según un decreto de 14 de noviembre de 2018, el policía quedó adscrito, en comisión de servicios, al Ayuntamiento de Tarragona en calidad de agente de la Guàrdia Urbana desde el 16 de noviembre de dicho año hasta el 15 de noviembre de 2019.
El 8 de octubre de 2019, el encausado solicitó la prórroga de dicha comisión de servicios, siéndole acordada el 16 de noviembre por un periodo de un año. El 21 de mayo de 2020 solicitó la finalización de su adscripción, haciéndose efectiva el 4 de octubre de 2020.
A playas
Durante el tiempo en que prestó sus servicios como agente de la Guàrdia Urbana de Tarragona, estuvo adscrito a la Unitat de Trànsit y a la Unitat de Vigilància de Platges. Tenia encomendadas, entre otras funciones, la vigilancia, control, disciplina y regulación del tráfico.
El acusado, «con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial y valiéndose de su cargo y de las funciones que le eran encomendadas», incorporó a su patrimonio los importes de las multas que imponía, «incumpliendo la normativa interna de cobro». El acusado sancionaba por infracciones de tráfico principalmente a conductores extranjeros, los cuales le abonaban las multas en efectivo y en la vía pública, con la reducción del 50 por ciento.
Pero el acusado, no procedía, como establece la normativa, a dar cuenta de las mismas al responsable y a tramitarlas mediante su ingreso en la cuenta bancaria de la Base de Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona. De esta manera, cobró seis sanciones de 50 euros y tres de cien entre el 21 de julio de 2019 y el 16 de enero de 2020. En total 600 euros que no fueron a parar al patrimonio público.
Ocultar los boletines
Con la finalidad de que su actuación no fuera descubierta por sus superiores, el procesado ocultó los boletines de denuncia antes indicados en el interior de su taquilla personal en las dependencias policiales, dejándolos así al margen del procedimiento establecido.
De esta manera incumplía un comunicado interno sobre el procedimiento de gestión de multas y la obligación de entregar con inmediatez los boletines al cabo de turno para facilitar su tramitación y evitar el archivo, «obstacularizando de esta manera las funciones encomendadas a la Unitat de Multes de la Guàrdia Urbana en cuento a la instrucción de los expedientes administrativos». El encausado ocultó en su taquilla personal y dejó sin tramitar 10 multas.
La sentencia recoge por un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos 15 meses de prisión, multa de 1.350 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años y tres meses. La pena por el delito continuado de malversación de caudales públicos es de nueve meses de prisión, multa de 675 euros e inhabilitación durante años y medio. Se acuerda la suspensión de las penas de prisión condicionado a que no vuelva de delinquir en dos años.
Y en concepto de responsabilidad civil, tendrá que indemnizar al Ayuntamiento con 600 euros.
Para el fiscal, inicialmente los hechos constituyen dos delitos continuados: uno de malversación de caudales públicos y otro de infidelidad en la custodia de documentos.
Por el primero solicita la pena de 22 meses de prisión, el pago de una multa de 3.300 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante cuatro años; y por el segundo, tres años y medio de cárcel, 6.000 euros de multa e inhabilitación durante cinco años.
