Hasta 45 de los 395 pisos que la Agència de l’Habitatge de Catalunya gestiona en Reus albergan ocupas. Son un 11%, uno de cada diez. La propia Generalitat recuerda que, de acuerdo con la ley de medidas de protección al derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión, los inmuebles irregularmente ocupados deben pasar por un proceso de verificación de la vulnerabilidad. Actualmente, «algunos de ellos se encuentran en trámites de recuperación por parte de la Agència».
Los vecinos de los barrios que concentran este tipo de viviendas sociales valoran el esfuerzo de la Generalitat pero piden acelerar la adjudicación de los domicilios una vez que se vacían. Quieren evitar, con ello, que «caigan en ese bucle de ocupaciones que los mantiene siempre fuera de juego», tal como apunta el presidente de la Associació de Veïns I de Maig, Eduardo Navas. Mas Pellicer agrupa alrededor de 200 de los 395 pisos de Habitatge. Solamente allí, el verano pasado la cifra de inmuebles reventados ascendía a 32. Navas explica que «la cuestión sigue sin solucionarse».
Y es que, según precisa, «el problema viene porque muchos de los ocupas no son personas necesitadas sino gente que delinque o que genera molestias al resto de quienes viven pacíficamente». El bloque 59, según comenta, es un buen ejemplo de ello. «Hace algún tiempo arrancaron la puerta de entrada y los timbres están inservibles», señala.
«Supongo que fue porque allí había una plantación de marihuana y, cuando eso genera mucho movimiento en el edificio, operan de esta manera: dejan vía libre y no llama la atención del resto», precisa el presidente de I de Maig. En ese número «diría que los pisos de la Generalitat ocupados son tres». Habitatge «acaba de reponer la puerta» sustraída, que ayer ya estaba en su sitio, pero «el resto de vecinos se han quedado sin interfono».
En los últimos tiempos, tanto la Agència como las entidades bancarias que tienen propiedades en Mas Pellicer habían estado blindando los inmuebles con sistemas antiocupas. Navas relata que «en uno de los bloques pusieron una puerta sin cerradura que parecía totalmente infranqueable, pero lograron abrirla con una radial y la tiraron por el mismo balcón del piso». «Después, ya con el trabajo hecho, se establecieron dentro», añade.
Escenas como esta, que llamarían la atención en cualquier otra parte de la ciudad, casi se han convertido en habituales en la zona. Nada parece frenar a quienes se deciden a entrar en los pisos vacíos, aunque «ya lo tienen difícil porque, como siempre decimos, ya casi está todo ocupado, no hay más sitio donde meterse». Bajo el punto de vista del presidente de I de Maig, «si los pisos no se quedaran tiempo cerrados, si se adjudicasen rápidamente a las familias vulnerables cuando están disponibles, los casos de este tipo se reducirían».
Navas puntualiza que «de ninguna manera estamos en contra de las familias necesitadas, pero hay que tener en cuenta que existen unos canales para que quienes no tienen recursos y son personas de bien accedan a una vivienda».
«Irrumpir destrozando la puerta, escalando por la fachada como a veces pasa o a través de una galería y, sobre todo, traer malestar a los vecinos de alrededor, no es la manera», precisa. «Si alguien necesita ayuda, que nos consulte, que aquí estamos para orientarles», subraya. Sin embargo, «el 90% de los ocupas que tenemos aquí son problemáticos» y, aunque ahora «no vemos mafias que manejen los inmuebles», sí que «hay quienes los revientan solo para hacer el mal o simplemente para divertirse».
Cerca de un centenar en la ciudad
Pero las ocupaciones no afectan solamente a la Generalitat. El Ayuntamiento calcula que en el municipio hay alrededor de 110 viviendas con inquilinos en situación irregular, tal como refleja la diagnosis del Pla Local d’Habitatge 2022-2027, aunque probablemente son más. El mismo documento recoge la presencia de 454 inmuebles de grandes tenedores cerrados y 437 de particulares que están vacantes. Más de 1.000 familias viven con menos de 40 metros cuadrados y otras 400 esperan una vivienda de protección oficial.
En el barrio Fortuny, que vivió años atrás un momento de efervescencia de las entradas en domicilios, ahora «hay pisos ocupados desde hace mucho tiempo». «Hace poco trataron de reventar otro pero la vecina avisó a la policía y se paró», expresa la presidenta de la Associació d’Amics del Barri Fortuny, Pepita Roig, que dice que «ya no lo intentan tanto como antes».
Roig explica que muchas viviendas que habían albergado a ocupas eran de bancos. Estas se han ido vaciando y vendiendo al precio correspondiente, teniendo en cuenta que «a lo mejor dentro no quedaba nada, ni muebles ni lavabos». «Los ocupas ahora no provocan problemas», especifica. Indica, pese a todo, que «cuando aquí estamos tranquilos, es porque están en Sant Josep Obrer o en el barrio Gaudí».
Y desde el barrio del Carme, que también fue un foco de ocupaciones, el presidente de la Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, Josep Machado, explica que «los ocupas que han quedado en el área son familias que necesitan un hogar y que no generan inconvenientes». Además, «las viviendas donde han entrado pertenecen a entidades bancarias y hasta entonces permanecían vacías». «Estamos mejor», constata Machado, que hasta el año pasado tapió pisos conflictivos con otros miembros de la asociación. El presidente fija en 15 la cifra de inmuebles donde viven personas sin contrato aunque «no tenemos nada en contra de la gente que se comporta como debe».
Rejas y alarmas en los edificios para evitar que revienten las puertas
Hace cerca de un año, la Agència de l’Habitatge de Catalunya fue un paso más allá en el blindaje de los pisos de los que se hace cargo, especialmente en el entorno de Mas Pellicer. Instaló, para ello, alarmas y rejas en aquellas viviendas que consideró más susceptibles de sufrir ocupaciones ilegales. En cuanto a las rejas, se priorizaron las plantas bajas. Las alarmas se repartieron por el barrio. Antes de esto la Generalitat ya había colocado algunas puertas especialmente robustas.
Las medidas disuasorias, que se aplicaron también en otros barrios de Catalunya, contribuyeron a rebajar la tensión en la ciudad. Sobre todo, porque coincidieron en el tiempo con que la Agència también acometió la compra de media docena de inmuebles de bancos, vacíos y cerrados en el ámbito del barrio Gaudí.
Con la perspectiva que da el paso del tiempo, el presidente de la Associació de Veïns I de Maig, Eduardo Navas, explica que los nuevos sistemas «son positivos y está bien que los implanten». «Efectivamente pueden ser un freno para algunos, pero también es verdad que cuando alguien quiere entrar pide asesoramiento a quien sea y lo hace», dice.
