La exhumación de los restos del militante antifranquista Cipriano Martos Jiménez (Huétor Tájar, Granada, 1942), fallecido en Reus en 1973 y enterrado en el cementerio general de la ciudad, se llevará a cabo antes de acabar el año. Así lo concretan al Diari fuentes del Departament de Justícia consultadas, que se reafirman en el compromiso lanzado hace unos meses en este sentido.
Por su parte, fuentes de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp apuntan que «en los últimos días se han producido contactos con la Direcció General de Memòria Democràtica, que realizará el proceso de recuperación», y que «desde la empresa municipal se ha ofrecido toda la colaboración» sin que se haya confirmado aún una fecha exacta para iniciar las labores.
Cipriano Martos tenía unos 31 años cuando murió tras haber ingerido ácido en el cuartel de la Guardia Civil de Reus, donde fue interrogado y torturado después de resultar detenido por repartir propaganda contra el régimen en Igualada. La agonía por la ingesta de líquido corrosivo se alargó más de 20 días en el Hospital Sant Joan. Sus familiares no pudieron acompañarle en ningún momento, ni despedirse de él, y acabó siendo enterrado por las autoridades franquistas en una fosa de beneficencia del camposanto reusense. Desde entonces, su entorno más cercano no ha dejado de luchar para llevarlo de vuelta a casa. A punto de cumplirse ya medio siglo del crimen, ese deseo parece más cerca.
«Desde que ocurrió todo lo de mi hermano, imaginaba que algún día esto se pondría en marcha, pero ha tardado mucho más de lo que pensaba», explica a este rotativo Antonio Martos, hermano de Cipriano, que confía en que la exhumación «se va a hacer, porque está habiendo bastante movimiento en fosas de la zona». «Lo que habrá que esperar no lo sabemos, pero creemos que no será mucho», dice.
Antonio lamenta que, en este tiempo, «la mayoría de los responsables más fuertes de la nación española han estado haciendo muralla y con ella nos hemos topado». «Lo han hecho con toda la idea de que no queden responsables de esa época para que nadie pague», apunta, y expresa que «ahora que no hay a quien cargarle el mochuelo, entonces dejan avanzar».
«No pudimos ver nada, no pudimos comprobar nada y, más que cualquier otra cosa, queremos saber si realmente es cierto que Cipriano está en el cementerio de Reus», señala el hermano, que dice que «por eso, pedimos que extraigan los restos, porque el ADN nos permitirá saberlo exactamente». Coincidiendo con los hechos, «circularon todo tipo de bulos y uno era que la Guardia Civil había quemado el cuerpo y lo había arrojado al río Ebre, pero el Ayuntamiento de Reus nos mandó una carta indicando en qué fosa y a qué profundidad se encuentra; y por eso pienso que le encontraremos allí».
«Yo di muchísimos pasos, pero entonces nadie me abría las puertas con esperanza porque todo fue clandestino y yo lo único que puedo acreditar es que soy el hermano de Cipriano Martos y que la Guardia Civil le mató», recuerda. Ahora, «gracias a la voluntad del pueblo, veo posibilidades», dice.
Regresar a Granada
A Antonio le pesa «el dolor con el que se quedaron mis padres, que fue mucho, por no poder tener a Cipriano en el cementerio donde están nuestros familiares, y nos gustaría llevarlo con ellos, a su misma sepultura, a Huétor Tájar». Lograrlo «sería para mí como un donativo a lo mucho que se esforzaron para sacar adelante a los seis hermanos que éramos», explica, y, «por lo menos, aunque ellos ya no lo van a saber, tener la satisfacción de haber alcanzado lo que querían: recuperar aunque sean los huesos».
En todo este tiempo, constata, «apenas nadie me ha pedido perdón, ni a mí ni a tantísimas víctimas que hubo en España durante los 40 años del franquismo; no han querido dar la cara» y «aunque se está empezando a tratar el daño que se hizo, es con muy poca responsabilidad de los altos mandos».
El cuerpo de Cipriano Martos se ubica, según la información del Ayuntamiento de Reus, en la fosa 11, columna 67 norte del cementerio general. La Generalitat, que considera la exhumación viable, ha adjudicado a la empresa Associació de Tècnics en Investigacions Culturals i Socials (ATICS) las tareas de localización, recuperación y análisis antropológico y genético de los restos que allí reposan. La actuación debería ser más o menos inminente. La Direcció General de Memòria Democràtica solició al consistorio libros de defunciones del Registro Civil y libros de inhumaciones del cementerio.
El Ayuntamiento de Reus abrió precisamente ayer, mediante decreto de Alcaldía, un proceso de información a los familiares de otras personas que se encuentran enterradas junto a Martos. En el radio de actuación quedarían 174 hombres y mujeres, fallecidos entre 1971 y 1976. De ellos se aporta nombre, apellido y localización. Sus familiares tienen 20 días para formular alegaciones en defensa de sus intereses. La lista de difuntos puede consultarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) con fecha de este 25 de octubre.
El caso de Martos, que de inicio no tuvo tanta repercusión como los de otros activistas, forma parte de la querella argentina, a la que se incorporó en 2014 a petición de sus allegados. La portavoz de la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina, María José Bernete, indica que la exhumación «está presupuestada y hay un informe técnico que dice que es viable», así que «solo falta empezar a trabajar, no hay impedimento para ponerle fecha y ofrecer a la familia esta pequeña reparación que seguro que para ellos es enorme».
«Lo que queremos», expone Bernete, «es que cada querellante tenga reparación». Y en el contexto de Martos, «el final sería sentar en el banquillo a quienes le quitaron la vida, pero también que pueda volver a casa y su familia pueda descansar».
Piden «celeridad y urgencia»
Otro miembro de la Xarxa y donante genético, Marc Antoni Malagarriga Picas, valora que «el de Cipriano es un tema de derechos humanos, un agravio grandísimo que dura». Critica que «por el camino hubo un informe positivo de intervención arqueológica elaborado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que la Generalitat obvió; otro negativo y el final, que se ha hecho por concurso». Y subraya que «se trata de una persona que debe ser exhumada como todas las víctimas por Desaparición Forzada o Involuntaria».
«Si uno hace una regla de tres y ve el ritmo de exhumaciones, harán falta 200 años para hacerlas todas», denuncia, y apunta que «en Catalunya se realizan anualmente unas 1.500 intervenciones arqueológicas y las de este periodo histórico no llegan al 1%». Malagarriga pide información a las familias, también sobre el protocolo que se sigue con el ADN. Y «celeridad, máxima urgencia» porque «nos están convirtiendo en patrimonio, en exposiciones y obras de teatro, y no lo somos; somos una cuenta pendiente que hay que saldar».
«La administración quiere que desistamos, pero no cederemos», sostiene. «Cipriano no era conocido y su caso ha trascendido por el maltrato recibido, y el maltrato sigue», opina. Y concluye que «si cada víctima debe tener un libro, recoger firmas, convocar decenas de manifestaciones, intervenciones parlamentarias... eso no puede ser».