Nueve años después de que la Asociación Ciudadanos por la Convivencia y el Desarrollo Watani de Reus presentara una denuncia contra Plataforma por Cataluña (PxC) por los comentarios «llenos de falsedades e imputaciones» que había en el programa electoral de dicho partido en las elecciones de 2011 –que fue repartido en diversas localidades, entre ellas la capital del Baix Camp–, todavía no se sabe dónde se va a juzgar el caso. En 2019, el Juzgado de Instrucción 3 de Reus envió a juicio a los trece miembros de la antigua cúpula de dicha formación. Cuando todo parecía que finalmente el caso se vería en el Juzgado de lo Penal 1 de Reus, ahora, tras las últimas elecciones autonómicas, dos de los imputados han sido elegidos miembros del Parlament de Catalunya, por ol que pasan a ser aforados. Con ello, su caso pasaría a manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Lo que es una incógnita es quién juzgará finalmente el caso: si dos juzgados o se unificará todo en uno.
Durante las elecciones municipales de 2011, Albert Tafalla, cabeza de lista por Reus de Plataforma por Cataluña, repartió por la ciudad cheques ficticios de 4.000 euros a nombre de una persona de origen norteafricano, y que suponían una crítica hacia las políticas de inmigración impulsadas hasta el momento. En el revés del papel decía que el Parlament había repartido 4.000 millones de euros entre los inmigrantes el 2009 y el 2010.
«La Asociación Ciudadanos para la Convivencia y el Desarrollo Watani solicita cuatro años de prisión y multa de entre seis y doce meses para cada uno de los procesados por los delitos de discriminación y provocación al odio»El 1 de marzo de 2013, el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus abrió diligencias previas, que fueron cerradas a principios de 2017, cuando el magistrado vio indicios de delito y terminó la instrucción, acusando a los trece miembros del consejo ejecutivo del partido, comenzando por su líder, Josep Anglada. Después de que la Audiencia le diera la razón, en noviembre de 2019 el magistrado dio un paso más y dictó el auto de apertura de juicio oral contra los trece procesados.
El fiscal no ve delito
El fiscal presentó un escrito en el que indicaba que no consideraba los hechos constitutivos de delito. Por su parte, la acusación particular –Asociación Ciudadanos para la Convivencia y el Desarrollo Watani– solicita cuatro años de prisión y multa de entre seis y doce meses para cada uno de los procesados por los delitos de discriminación y provocación al odio. Respecto a la responsabilidad civil, pide un euro por cada voto racista obtenido en dichas elecciones de 2011. En total obtuvieron 67.000.
En su escrito de acusación, Watani relata que en las elecciones municipales de 2011 se detectó en la ciudad de Reus al igual que en otras que dicho partido político hizo llegar a todos los votantes un programa electoral «donde aparece una serie de falsedades e imputaciones a los inmigrantes atentando contra la paz social y contra la convivencia. Incitas, motiva y llama a la conflictividad y, por consiguiente, al racismo y a la xenofobia contra la persona de los inmigrantes y especialmente contra los musulmanes».
A continuación, el escrito relata lo que considera falsedades. El programa introduce un cheque falso a nombre de Mohamed (...) con un importe de 4.000 euros. Ello, según la entidad, supone una evidente «minusvaloración o trivialización» de los inmigrantes musulmanes porque colisiona con los bienes constitucionalmente relevantes.
«Atentado a la convivencia»
El contenido del programa de PxC, según Watani, recoge expresiones de odio porque van más allá de la mera exposición de una idea o de una opinión, tal como declara el Tribunal Constitucional. El mensaje del programa electoral, añade, representa un atentado directo a la convivencia y a la paz social.
Tras recibirse los escritos de las acusaciones y de las defensas, el caso llegó al Juzgado de lo Penal 1 para ser juzgado. Pero ahora, dos de los imputados –Mónica Lora y Juan de la Cruz Garriga– han sido elegidos diputados al Parlament de Catalunya por Vox. Por ello, su caso pasa a manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat). Ahora se tendrá que determinar si cada tribunal se encarga de sus imputados o hay un solo juicio.
